Bolivia retiró el permiso a la empresa Lamia

El Gobierno boliviano decidió retirar el permiso de operaciones a la aerolínea Lamia y suspender a las autoridades del sector aeronáutico, mientras se investigan las causas por las que despegó el avión que se estrelló el lunes en Colombia y dejó 71 muertos.

La decisión afecta a las principales autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), anunció el ministro local de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros.

“No estamos responsabilizando a ninguna persona, pero mientras duren las investigaciones vemos conveniente que los ejecutivos sean suspendidos”, dijo Claros.

La DGAC es la encargada de la supervisión técnica de las aeronaves y Aasana es la que aprueba los planes de vuelo.

El Ministerio de Obras Públicas ordenó, además, hacer dos investigaciones: una sobre por qué se otorgó a Lamia una certificación como operador aéreo y si cumplía todos los requisitos, y la otra sobre el capital de la empresa, sus accionistas y ejecutivos.

Claros agregó que se está supervisando la investigación que ya lleva a cabo la DGAC sobre el accidente y “todos los eventos referidos a los permisos otorgados” para que el avión despegara el lunes desde el aeropuerto internacional de Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra.

Hasta la fecha, según la autoridad boliviana, en el Ministerio no tienen “la certeza de cuál fue la falla precisa” de la aeronave de Lamia, que se estrelló causando la muerte de 71 personas, entre ellas casi todo el plantel del Chapecoense, y señaló que están esperando las conclusiones del informe “para tomar las acciones pertinentes”.

“Como gobierno vamos a aplicar todo el peso de la ley en cuanto a responsabilidades siempre y cuando haya habido omisión de las mismas”, sostuvo Claros.

El ministro dijo que se investigará si en efecto hay un parentesco entre uno de los ejecutivos de Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, y el director de Registro Aeronáutico Nacional de la DGAC, Gustavo Vargas Villegas, que, según trascendió, son padre e hijo.

“Los resultados (del proceso de investigación) mostrarán qué tipo de relación ha existido (entre la DGAC y Lamia), parentescos y demás”, sostuvo.

Según un informe difundido por el diario El Deber, una funcionaria de Aasana, Celia Castedo, hizo advertencias acerca de que el plan de vuelo del avión de Lamia tenía al menos cinco observaciones por las cuales la nave no debía despegar (ver página 13).

Al respecto, el ministro dijo que no existe “reporte hasta la fecha” sobre el citado informe y comentó que “los medios de comunicación están lanzando muchas hipótesis”.

La principal observación del informe publicado en la prensa se refiere al tiempo de vuelo previsto entre Santa Cruz y el aeropuerto de la ciudad colombiana de Medellín (cuatro horas y 22 minutos), que era el mismo registrado para la autonomía de combustible que tenía el avión.

Ante esa observación el ministro precisó que ese mismo avión, aunque era un jet regional, ya había hecho otros vuelos internacionales y tenía la “obligación” de establecer un punto intermedio para abastecerse.