El Ministerio de Defensa, la Policía Federal, el Ejército y la SIDE -cuya sospechas involucran a su jefe, Fernando de Santibañes- son los organismos del Estado que deberán justificar ante el juez Carlos Liporaci la utilización de fondos reservados en el marco de la investigación sobre el origen del dinero con que se habrían pagado los presuntos sobornos a senadores para aprobar la reforma laboral.
Esto concluyó el juez Liporaci luego de haber escuchado ayer durante más de dos horas un informe pormenorizado que le ofreció el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Mario Vicens, sobre la utilización que hace el Gobierno sobre los denominados fondos reservados.

Así, el magistrado está buscando la ruta del dinero para el pago del presunto soborno, y en este sentido, su hipótesis más firme sería que habría salido del Estado.
En tanto, fuentes judiciales confirmaron que, por el momento, el juez no extenderá la lista de ocho senadores imputados del delito de cohecho, y espera que hoy la Cámara alta avance con el cumplimiento de su pedido (ver página 6).
Durante el fin de semana una versión indicó que el magistrado planeaba imputar a doce nuevos senadores de haber vendido sus "favores personales" para votar a favor de la reforma laboral el pasado 26 de abril. De todos modos, aún no descartó tomarle testimonio aunque primero preferiría escuchar nuevamente al bonaerense Antonio Cafiero.
Tampoco será citado a indagatoria, por ahora, el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, sobre quien el titular de la CGT disidente, Hugo Moyano, ratificó ante la Justicia su denuncia sobre la existencia de una "tarjeta Banelco" para sobornos a los "senadores justicialistas".
En este sentido, hoy prestarán declaración en calidad de testigos el gremialista de UTA Juan Manuel Palacios y el secretario general de los taxistas, Omar Viviani, los dirigentes que habrían escuchado la frase de Flamarique durante un almuerzo en abril pasado.
Para mañana está citado por la misma causa el diputado nacional por el PJ Saúl Ubaldini.
Mientras, ayer por la mañana uno de los denunciantes en la causa, el abogado platense Juan Carlos Iglesias, involucró al presidente Fernando de la Rúa en la investigación, al considerarlo como "partícipe principal en los hechos".

Iglesias -militante radical- consideró que De la Rúa podría haber incurrido en "encubrimiento", ya que no podía ignorar que alguno de sus funcionarios "dispusiera de los 10 millones de pesos" que habrían sido utilizados en la escandalosa compra de votos.
El juez Liporaci, según las fuentes consultadas, mantiene el convencimiento de que hubo sobornos en la causa, pero también se reconoció que hay "un compás de espera" marcado por la decisión que tomará el Senado hoy.
La Cámara alta debe decidir si acepta o rechaza el pedido de desafuero que solicitó el magistrado de los justicialistas Alberto Tell (Jujuy), Emilio Cantarero (Salta), Ramón Ortega (Tucumán), Angel Pardo (Corrientes), Remo Costanzo (Río Negro), Ricardo Branda (Formosa), Eduardo Bauzá (Mendoza) y el radical Javier Meneghini (Santiago del Estero).
De aceptar liberarlos de su inmunidad procesal, los legisladores podrían ser indagados bajo sospecha del delito de cohecho, y la causa avanzaría en ese sentido.
En ese marco, Vicens entregó ayer varias carillas con esquemas de asignación de fondos a distintos organismos del Estado.

Dado que a las denominadas "partidas secretas" sólo las reciben el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía Federal y la SIDE, el juez deberá librar oficios para que sus titulares respondan por escrito o en forma personal respecto de la utilización de esos fondos.
Esta parte de la pesquisa está orientada a determinar si algún área del Gobierno que encabeza el presidente De la Rúa utilizó dinero para pagar los sobornos y, en todo caso, cuáles fueron.
En este caso, la figura de Fernando de Santibañes, jefe de la Side, volvió a adquirir importancia ya que el juez suspendió la semana pasada su citación como testigo, porque existen indicios en la causa que lo colocarían bajo sospecha y no podía interrogarlo sin imputarlo.
Si la Cámara alta vota en forma afirmativa por despojar a los senadores de sus fueros, Liporaci estará en condiciones de fijar fecha para la audiencia indagatoria de cada uno, luego de lo cual dispondrá de 10 días hábiles para decidir su situación procesal, en el marco de un delito excarcelable.
La hipótesis que sostienen el juez y los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado es -hasta el momento- que los sobornos se pagaron con dinero que salió de las arcas del Estado.