La regulación para la instalación de hipermercados en la Provincia vuelve a enfrentar al gobierno provincial que encabeza el gobernador Carlos Ruckauf y los legisladores aliancistas de la Cámara de Diputados. Hoy, en la reunión de una comisión en la que participan empresarios de las gremiales del sector, legisladores y funcionarios podrían quedar bien marcadas las diferencias que separan a los dos principales sectores negociadores.
En los últimos, el ministro de la Producción, Federico Scarabino, presentó en el marco de esa comisión negociadora un anteproyecto de ley que establece cláusulas muy severas para la instalación de los hiper en la Provincia pero posibilita la puesta en marcha de las cadenas de venta minoristas de descuentos duros (conocidas como hard-discount) y deja librado a la decisión de una comisión evaluadora la posibilidad de instalar "rubros determinados" en cualquier punto de la geografía provincial.
En rigor, el proyecto que Scarabino impulsa que se acuerde con las gremiales empresarias y los legisladores tiene sustanciales diferencias con el proyecto que los aliancistas habían acordado con las gremiales empresarias bonaerenses de la Confederación Económica (Cepba), Faba y Caebo.
En ese marco, el diputado radical Germán López -impulsor de las leyes de regulación de los hipermercados- sostuvo que "cuando ya se había acordado con los empresarios la redacción definitiva -de modificaciones a la regulación vigente- el Gobernador convocó a una comisión, integrada en el marco del ministerio de la Producción- que elaboró un nuevo anteproyecto que se aleja peligrosamente del que ya tenía el consenso de todos".
Los intentos reguladores para la instalación de supermercados e hipermercados comenzó en 1998, cuando la Legislatura sancionó la primera ley que impedía a los municipios modificar los códigos urbanos para posibilitar la radicación y además se definió como gran superficie comercial a aquellas con más de 2.500 metros cuadrados de superficie.

En mayo de este año, la Legislatura sancionó otra ley que suspendió por el término de seis meses la instalación de cualquier supermercado o hiper en el territorio provincial. Ese plazo, según se fundamentó entonces, se utilizaría para acordar una reforma a la legislación y posibilitar la regulación de "las nuevas tendencias" comerciales como las cadenas de tiendas minoristas o de descuentos duros, no previstos hasta ahora.
La importancia de esta legislación no es de menor relevancia si se tiene en cuenta que, los súper y los híper concentran -según estudios oficiales, el 50 por ciento de las ventas minoristas en todo el país.
El tercer capítulo, fue la presentación de otro proyecto -también impulsado por el diputado radical López- que preveía el endurecimiento de la legislación, por ejemplo se pasaba de 2.500 a 2.000 metros cuadrados la superficie máxima para considerarse un híper y estar bajo las normas de restricción provincial.
Los principales desacuerdos entre las posturas marcadas por Scarabino -a través de su anteproyecto y la Alianza -con su propia iniciativa- está centrada en las llamadas tiendas de descuentos duros o "tiendas soviéticas" como las denominan en España.

Son comercios minoristas que se colocan en lugares clave de una ciudad y responde a una misma firma. Su ejecución y proyección comercial responde a los mismos cánones de los hipermercados.
El anteproyecto oficialista prevé que en cada ciudad bonaerense se pueden instalar hasta dos tiendas de hard-discount y recién a la tercera tendrían que pedir una autorización (factibilidad) provincial. El proyecto del radical López, exigía la suma de las superficies de los locales y en caso de superar los 500 metros cuadrados en poblaciones de hasta 50 mil habitantes y más de 900 metros cuadrados en aquellas con más de 50 mil pobladores, debían ser consideradas grandes superficies comerciales.
COMISION EVALUADORA
La otra diferencia sustancial entre ambos proyectos en pugna sobre la regulación para la radicación de los híper está establecida en quién evaluará la factibilidad de los solicitantes.

En la propuesta del gobierno provincial se crea una comisión que estará integrada por "dos legisladores y representantes de la secretaría General de la Gobernación; de la secretaría Legal y Técnica y del ministerio de la Producción".
Esa comisión estará autorizada a "promover la instalación de rubros determinados" en rubros y zonas que se "consideren convenientes", esto es que podrían allanar el camino para llegada de nuevas cadenas.
En el proyecto de los radicales, se exige un estudio "de impacto socioeconómico" que deberían ser realizados por especialistas de las universidades nacionales y además se integra una comisión, con legisladores, funcionarios provinciales y municipales y representantes de la cámaras empresariales. Se prevé, por otro lado, la realización de una audiencia cuyo resolución no es vinculante con la determinación de los análisis técnicos y de la comisión.
Esas diferencias, que en los despachos aliancistas de la Legislatura consideran como "fundamentales", quedarán expuestas en una reunión que está programada para hoy en la que legisladores, empresarios y funcionarios de Ruckauf discutirán para intentar llegar a un acuerdo.