Una preocupante situación, derivada de factores vinculados con la inseguridad reinante pero que también parece incorporar ingredientes relacionados con actitudes discriminatorias, está planteada en el Gran La Plata y en sus inmediaciones en donde algunos quinteros, nativos de países limítrofes, en especial ciudadanos bolivianos, están sufriendo una ola de robos y además la presencia de grupos que se aprovechan del aislamiento y la condición de indocumentados de algunas de sus víctimas para robarlos y amenazarlos. Tal como un reciente artículo de EL DIA lo dejó expuesto, se afirma también que esos quinteros son objeto de engaños por parte de personas que les venden documentos falsos, en episodios que ocurren en la zona de El Pato.
Se desprende de la denuncia presentada ante la sede policial por una de las víctimas que una banda encapuchada y armada ingresó a su quinta caminando, amordazó a uno de los empleados tapándole la boca con cinta adhesiva, dejó una amenaza para uno de los que allí trabajan y para toda su familia y se llevó las pocas cosas de valor que pudieron encontrar: bicicletas, una escopeta, un televisor, comida. "Lo que se llevaron es lo de menos. Lo que mete miedo es que si llegamos a estar en ese momento por ahí nos matan a todos. Y que ese tipo de ataques calculados son cosas que se cuentan todos los días entre los bolivianos que viven y trabajan en las quintas del Gran La Plata, aunque la mayoría no los denuncia por temor", dijo el denunciante.
La denuncia por este hecho -al igual que otras similares- fue radicada en la comisaría de El Pato, donde el comisario dijo tener varias certezas. Una, la de que se trata de una modalidad delictiva cada vez más frecuente en la zona de quintas y cuya utilización se incrementó en el curso de los últimos meses, favorecida por las lluvias y el aislamiento. Otra, que los autores de estos hechos son delincuentes comunes nucleados en bandas, que no están movidos por actitudes xenófobas ni racistas. El jefe policial habló de bandas armadas, encapuchadas y bien informadas que ingresan caminando a las quintas de las zonas de Abasto, El Peligro o El Pato para robar. A su vez, afirmó que en los últimos meses fueron seis las denuncias registradas solo en su comisaría, originadas en esa modalidad delictiva y que los casos denunciados se dan, fundamentalmente, en los días en que la lluvia amplía el aislamiento de las quintas.
En cuando a que no existirían actitudes xenófobas, la impresión es distinta en el seno de entidades no gubernamentales platenses que se ocupan del problema de la discriminación y en algunas asociaciones de quinteros, donde se maneja la sospecha de que los trabajadores procedentes de países limítrofes -sobre todo los que llegan al país indocumentados- son las principales víctimas de estos actos, que se atribuyen a gente conocedora del terreno en que se mueve y de la condición de vulnerabilidad de las personas a las que hostigan. Aseguran también que los mismos inmigrantes son frecuentemente objeto de estafas y engaños, cuando aprovechando su situación, desconocidos les ofrecen -acercándose a las quintas- documentación falsa a precios que oscilan entre los 400 y los 1.000 pesos.
Estos hechos parecen similares a los que se presentaron en la zona de Escobar en los últimos meses, en donde numerosos quinteros bolivianos sufrieron todo tipo de robos, hostigamientos y serias agresiones, en 72 hechos de los cuales sólo 16 fueron denunciados a la Justicia, debido al gran temor reinante entre los quinteros hostigados. La sola y posible similitud obliga entonces a que se profundice una investigación policial y judicial encaminada a esclarecer no sólo los delitos de robo, sino la eventual y desde luego que injustificable presencia de actitudes discriminatorias. Lamentablemente, la historia reciente de nuestro país cuenta con antecedentes demostrativos de actitudes hostiles contra ciudadanos extranjeros -en particular, de algunos países limítrofes- por el sólo hecho de serlos. Por ello resulta imperioso que los organismos actuantes determinen en forma fehaciente la naturaleza de los actos denunciados, para cumplir no sólo con los mandatos de la ley penal sino con los que surgen de los tratados internacionales y de la Constitución que, por otra parte, ratifican la tradicional voluntad histórica de los argentinos, esto es, la de abrir generosamente sus fronteras a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar en el territorio nacional.