Un juez de transición dictó el fallo y ordenó una investigación por presuntas irregularidades durante la instrucción. Concluyó que no hubo delitos y que se violaron garantías constitucionales
La denominada "megacausa" del juego clandestino, en la que fueron detenidas más de cien personas, entre ellos presuntos capitalistas y altos jefes policiales, fue sobreseída ayer en forma definitiva por la justicia penal platense. En la sentencia se ordenó que se inicie una investigación por presuntas irregularidades detectadas durante la instrucción.

En el fallo, el juez de transición Nø 1 de La Plata, Horacio Nardo, consideró que durante los innumerables procedimientos realizados en nuestra región se violaron garantías constitucionales, indicaron fuentes de tribunales.
"NO ES DELITO"
También explicaron que el magistrado -tal como ya lo había dispuesto en una resolución la Sala II de la Cámara Penal platense- concluyó que la explotación de un juego de azar por personas no autorizadas por el Estado es una actividad ilegal pero no delictiva.

Como se recordará, el juez penal de La Plata que tuvo a su cargo la "megacausa", César Melazo, había encuadrado el caso como fraude en perjuicio de la administración pública, al considerar que mediante esta actividad de apuestas ilegales se dejaban de pagar los tributos correspondientes a los juegos de azar.
En tal sentido, el juez de transición Nardo consideró que para que estos casos de apuestas ilegales configuren una forma de evasión impositiva es necesario que también "se compruebe que el evasor emplee un ardid y que ello determine al Fisco a realizar un acto de disposición patrimonial perjudicial, algo que no fue acreditado en esta causa", según explicaron fuentes judiciales.
PRESUNTAS IRREGULARIDADES
Más allá de estas consideraciones técnicas sobre el encuadre legal, el juez Nardo hizo un pormenorizado análisis de las actuaciones desarrolladas en la "megacausa" número 1.707, y de otras que se desprendieron de la principal.

Las fuentes consultadas precisaron que Nardo concluyó que las actuaciones fueron iniciadas sin sustento legal, mediante denuncias anónimas, en las que se mezclan los más variados delitos como presuntas coimas y malversación de caudales públicos por parte de policías de alta jerarquía, como así también con capitalistas y pasadores de juego clandestino de toda la Provincia como posibles defraudadores del Fisco.
También sostuvo que en esos anónimos se denunciaron otras actividades delictivas como funcionarios policiales acusados de falsificar documentos públicos y mujeres que ejercen la prostitución y sus rufianes entregando dinero a policías a cambio de protección.
El magistrado consideró que estos ilícitos denunciados terminaron mezclados, sin notarse ningún intento en demostrar si un delito tiene conexión con otro, terminando esta actuaciones en una especie de "acopio de escuchas, anónimos e informaciones disfrazado de proceso penal".
También hizo mención a una serie de irregularidades en la confección de las actas de los distintos procedimientos realizados en estas causas, y que muchas de las escuchas telefónicas y allanamientos fueron ordenados sin los debidos fundamentos que requiere el Código de Procedimiento Penal.
Con esta resolución el magistrado le dictó el sobreseimiento definitivo a los supuestos capitalistas de nuestra ciudad Néstor Gisande, José Nano y Antonio Varela, a quienes, en principio, Melazo les había imputado los delitos de "asociación ilícita y fraude contra la administración pública".

En la causa también habían sido detenidos y luego excarcelados por asociación ilícita, falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionarios público, el por entonces jefe de la comisaría novena de la Plata, comisario Carlos Cruces, el oficial Luis Luján y el sargento Néstor Rossi. Todos fueron sobreseídos en forma definitiva de la causa.
Con los mismos fundamentos, el juez Nardo sobreseyó en forma definitiva a un centenar de personas que habían sido detenidas y procesadas por Melazo en los distintos operativos ordenados en la causa, entre ellos otros supuestos capitalistas, pasadores de juego y policías que estaban acusados de ofrecerles protección a cambio de dinero.