En enero de 1997, el juez penal de La Plata César Melazo inició la investigación a partir de una denuncia anónima sobre la presunta protección policial a capitalistas de juego clandestino de nuestra ciudad.

A partir de ese anónimo, el magistrado, con apoyo de la Side, realizó escuchas telefónicas y seguimientos para reunir pruebas sobre la presunta organización delictiva que habría montado un sistema de apuestas ilegales paralelo al oficial.
En marzo de ese año, Melazo encabezó una serie de allanamientos en lujosas residencias de nuestra ciudad y detuvo a catorce personas, entre ellas a los tres presuntos capitalistas considerados como los más poderosos de La Plata: Néstor Gisande, José Nano y Antonio Varela, aunque fueron excarcelados.
En ese momento, el juez se apartó de la calificación legal que la justicia penal venía aplicando en este tipo de procedimientos por apuestas ilegales, y en vez de labrar contravenciones por violación al Código de Faltas, encuadró la causa como "asociación ilícita y fraude al Fisco", al considerar que se trataba de un grupo de más tres personas que se habían puesto de acuerdo para causar un perjuicio económico al estado.
Ese encuadre legal había sido confirmado por la sala II de la Cámara penal, por entonces integrada por los camaristas Horacio Piombo, Benjamín Sal Llargués y Angel de Oliveira. A partir de ese momento Melazo tuvo competencia en procedimientos por apuestas ilegales en toda la Provincia.
Sin embargo, tiempo después la Sala II cambió de integración, y los nuevos magistrados que ocuparon ese tribunal adoptaron un criterio diferente con respecto a la calificación y la competencia de Melazo.
Durante el proceso y mientras Melazo tuvo la competencia se concretaron decenas de procedimientos y más de un centenar de detenciones, entre ellos capitalistas y altos jefes policiales sospechados de brindarles protección.
En marzo de 1997 el juez ordenó la detención del comisario Carlos Cruces y otros dos policías de la seccional novena de nuestra ciudad, quienes habrían prestado colaboración a esta presunta organización delictiva, pero fueron excarcelados.
La causa tuvo otras derivaciones hacia la costa atlántica y otras localidades del interior, donde también hubo detenciones.
En distintos operativos se secuestraron agendas de capitalistas con montos que iban desde los 3.000 a los 9.000 pesos, al lado de los nombres de distintas dependencias policiales.
A partir de los operativos del juez Melazo, la Provincia aumentó notoriamente la recaudación de apuestas en agencias oficiales.
En su momento, las fuentes consultadas precisaron que en el territorio bonaerense diariamente eran desviados unos 3 millones de pesos a la quiniela clandestina, mientras que el mismo juego oficial tenía una recaudación diaria de 1.600.00 pesos.