La Justicia penal platense pidió ayer la detención del ex vicepresidente del IOMA, Néstor Dron, y del director de Prestaciones de la obra social bonaerense, Marcelo Zurueta, en la causa que investiga presuntas estafas con las prestaciones para tratamientos dentales.
Fuentes judiciales informaron que, concretamente, en este caso se le imputa a los ex directivos haberle otorgado ilegalmente al fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski, un reintegro de hasta 26.800 pesos para un tratamiento odontológico.

El pedido de detención -formulado por los fiscales de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de La Plata, Carlos Argüero y Esteban Lombardo- por ahora está en suspenso, ya que Zurueta fue excarcelado en la misma causa, pero por otro hecho, bajo fianza de 3.000 pesos; en tanto que Dron solicitó la eximición de prisión.
El caso ahora es analizado por el juez de Garantías de La Plata César Melazo, quien tiene un plazo de 5 días para resolver el requerimiento de los fiscales.
Voceros judiciales explicaron que en el pedido de detención se explicó que de los distintos elementos probatorios reunidos en la causa se pudo acreditar que los dos ex funcionarios públicos habrían cometido una defraudación mediante distintos ardides o engaños, tales como insertar datos falsos en un instrumento público, para lograr la aprobación de un tratamiento odontológico por parte del directorio del IOMA, cuyo beneficiario fue el fiscal de Estado.
También indicaron que mediante estas presuntas maniobras ilícitas, los imputados habrían logrado que el afiliado Szelagowski recibiera parte del monto falsamente autorizado, unos 14.000 pesos, ocasionando de este modo un fraude contra la administración pública.
Para la fiscalía penal, tanto Dron como Zurueta, serían autores responsables de los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude al Fisco y falsedad ideológica de instrumento público".
Fuentes judiciales indicaron que en la investigación de este caso se detectó que a Szelagoski se le aprobó ese reintegro de 26.800 pesos para un tratamiento odontológico, a pesar de que tenía el carnet de afiliado al IOMA vencido, sin que entregara la solicitud para iniciar el trámite y la fotocopia de su recibo de sueldo.
También indicaron que en el pedido de la fiscalía se precisó que es "inimaginable pensar" que a un afiliado al IOMA se le otorgue un reintegro con las irregularidades administrativas detectadas en este caso.

EL PRIMER CASO
Como se recordará, hace 10 días la fiscalía había concretado la detención de Zurueta y el odontólogo platense Jorge Vera Tapia. Ambos fueron indagados y se negaron a declarar. Pero luego fueron excarcelados bajo fianzas de 3.000 y 2.000 pesos, respectivamente.
Al ex directivo del IOMA se le imputó en esa ocasión el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública".

En tanto, al odontólogo se le inició un proceso por "fraude contra la administración pública".
Según surge de la investigación judicial, Zurueta aprobó el 10 de marzo de 1998 el pago de 12.390 pesos para un tratamiento dental que él mismo iba a recibir.
Fuentes de tribunales explicaron que ese dinero fue abonado a Vera Tapia a los 15 días, para cubrir el total del tratamiento de Zurueta, pero el mismo recién se terminó a fines del año pasado.
También indicaron que ese reintegro no pasó por los controles de auditoría.
La investigación judicial que derivó en estos procesos y pedidos de detención, y que continúa, se inició en abril de 1999, a partir de una nota periodística publicada por este diario, en la cual se detalló que el directorio del IOMA aprobó el pago de casi 25 mil pesos, en cinco tramitaciones de rápida resolución, para cubrir los gastos de tratamientos odontológicos.
En esa oportunidad se dieron detalles de una investigación iniciada por el diputado provincial platense Henry Stegmayer, de la cual había surgido que el por entonces vicepresidente del IOMA, Dron, y los directores de esa obra social Juan Minatta y Zurueta, habían sido los beneficiarios.
El legislador reclamó precisiones sobre esos gastos y documentación aleatoria para verificar si el directorio de la obra social autorizó otras erogaciones para cubrir prestaciones a sus integrantes, a las que la mayoría de los afiliados no tienen acceso.
A esos casos se le sumó el reintegro de unos 27.000 pesos que se le autorizó al fiscal de Estado, también por un tratamiento odontológico.