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El Senado aprobó el proyecto de "per saltum"

La iniciativa que reglamenta el mecanismo por el que la Corte puede entender directamente en causas de "gravedad institucional" recibió media sanción y ahora pasa a Diputados. El Gobierno busca implementarlo en la causa por la Ley de Medios

31 de Octubre de 2012 | 00:00
El jefe del bloque oficialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, y el senador Aníbal Fernández, durante la discusión (foto: NA)
El jefe del bloque oficialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, y el senador Aníbal Fernández, durante la discusión (foto: NA)

El Senado aprobó hoy el proyecto de ley que busca reglamentar la figura legal de "per saltum", por la cual la Corte Suprema de Justicia puede saltear instancias judiciales para intervenir directamente en causas de "gravedad institucional" y que el oficialismo pretende implementar en la causa por la Ley de Medios.

La oposición en pleno se opuso al proyecto por entender que se trata de una herramienta de "presión" a la Corte Suprema para que falle contra el Grupo Clarín en su demanda contra la cláusula de desinversión de la Ley de Medios.

De hecho, la intención del oficialismo de utilizar este recurso para resolver la situación judicial de esa ley -admitida por los propios senadores del Frente para la Victoria- llevó a que el debate en el recinto sobre el proyecto de per saltum se centrara más en la aplicación de la norma, a partir de la caída de la medida cautelar que mantiene paralizado el artículo 161 para el Grupo Clarín.

La iniciativa, aprobada con 43 votos a favor y 26 en contra, agrega dos artículos al Código Procesal Civil y Comercial en los que propone que se pueda acudir a la Corte Suprema "en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañan cuestiones de notoria gravedad institucional".

De esta manera, el texto se refiere a las causas federales "cuya solución definitiva y expedita sea necesaria" y donde el recurso extraordinario por salto de instancia "constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido".

Uno de los artículos a incorporar al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación precisa que "existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano".

Durante el debate, el senador oficialista y presidente de la Comisión de Asuntos Contitucionales, Marcelo Fuentes, subrayó que "esta intervención de la Corte será en casos restringidos y de excepcionalidad" y aclaró que "este recurso no procederá en causas de materia penal".

"Estamos en un conflicto entre un grupo de poder y el Estado de derecho, que amerita precisamente lo que esta ley está contemplando", agregó Fuentes.

A su turno, la senadora del Peronismo Federal Liliana Negre de Alonso sostuvo que no hay "ningún conflicto entre la ley y un grupo, sino un conflicto entre un grupo económico y el Gobierno, al que el resto de los ciudadanos son absolutamente ajenos".

En tanto, la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro sostuvo que "en este escenario político, aprobar esta ley (de per saltum) sería una situación de gravedad institucional, porque sería convalidar una embestida feroz contra el Poder Judicial".

Respecto de la Ley de Medios afirmó que "sigue vigente la ley de la dictadura, porque el Afsca no ha dictado las normas técnicas" para la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Además, sostuvo que existen "incumplimientos" de la ley porque "no existe la carpeta en la que tienen que informar los licenciatarios la pauta que reciben, y la ley prohíbe la tranasferencia de licencias entre privados, pero Cristóbal López compró sin autorización del Afsca C5N y Radio 10".

En respuesta, la senadora oficialista Liliana Fellner indicó que "los registros existen" y remarcó que "durante seis meses la ley no se pudo aplicar porque estuvo judicializada".

En este sentido, afirmó que "el mismo juez Edmundo Carbone, que trabó la cláusula de desinversión con una medida cautelar eterna, pidió la suspensión del artículo 30, que es justamente donde se habla de las cooperativas, de las comunidades aborígenes. Hubo que esperar para tener las licencias para ellos".

"Una de las bases fundamentales de la democracia es la de la participación y si algo hubo en este proyecto, fue la participación de los argentinos, que se dio en los talleres que se hicieron en las 24 provincias, más lo que se sugirió y se propuso en Internet, más las audiencias públicas", agregó

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