Una ley que avanza sobre la propiedad privada

Por FRANCISCO DE NARVAEZ

En armonía con el estilo confrontativo y falsamente solidario que invade su “modelo”, el cristinismo avanza ahora sobre la propiedad privada, con una concepción ideológica alejada de nuestro derecho y de la historia de una Argentina de inmigrantes que fundó su futuro sobre la base del trabajo, para llegar al “terreno propio” y la “casa propia”.

La llamada “ley de hábitat” o de “tierras” de la diputada provincial Alicia Sánchez, esposa de Luis D’Elía, rechazada sólo por nuestro bloque “Unión Celeste y Blanco” en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y de pronto tratamiento en el Senado, apunta a que el sector privado solucione a cientos de miles de bonaerenses sin una vivienda digna, algo que no logra resolver el Estado.

QUE SE HIZO HASTA AHORA

Tras cinco planes para construir 900.000 viviendas sociales, anunciados pomposamente por la Presidenta, sólo se terminaron 351.217, según datos oficiales. Y de ese total, el 40% no fue escriturado, todo en un contexto de sub-ejecución presupuestaria (las partidas nacionales para viviendas sólo se ejecutaron en un 56%, en lo que va del año), lo que evidencia que los planes de vivienda no son una prioridad para el Gobierno.

La llamada “ley de hábitat” o de “tierras” apunta a que el sector privado solucione a cientos de miles de bonaerenses sin una vivienda digna, algo que no logra resolver el Estado

Al contrario, nueve años de crecimiento ininterrumpido debieron haber achicado una brecha que, en el tratamiento de un derecho tan básico como el de tener la vivienda propia, se ha agrandado notablemente, muchas veces acompañado por el escándalo de la corrupción que hacía más dura la realidad. Tal es el caso de las viviendas confiadas a las Madres de Plaza de Mayo y los Shocklender o las recientemente denunciadas maniobras de Luis D’Elía en el barrio “El Tambo” del partido de La Matanza.

En ese marco, obligar a entregar en dinero o en porción de tierras un equivalente “no inferior al 10% de la valorización inmobiliaria, la que no podrá ser superior al máximo establecido por la Justicia” (lo que significa que puede llegar hasta el 33%, que es el máximo no considerado confiscatorio) de todo emprendimiento de más de 5.000 m2 -lo que representa media manzana-, a emprendimientos tales como clínicas, supermercados, escuelas, fábricas -no sólo countries y barrios privados como se pretendió presentar demagógicamente- es una burda manera de alejar definitivamente inversiones tan necesarias para generar empleo, desarrollo y producción.

OBLIGACION DE CONSTRUIR O...

En otros de sus artículos, la ley establece un régimen de parcelamiento y/o edificación obligatoria de “inmuebles urbanos baldíos o con edificación derruida o paralizada...” que estará a cargo de los municipios y que resultaría razonable si allí acabara su tratamiento en ejercicio del poder de policía municipal.

Sin embargo, la ley avanza sobre el derecho y la libertad de decisión de los propietarios fijando plazos y condiciones que, de no ser cumplidos, habilitan un gravamen especial progresivo por cinco años, y vencidos los plazos sin que el propietario haya cumplido las “obligaciones” de parcelamiento y/o edificación, el inmueble queda sujeto a expropiación.

Pero siempre existió un régimen de expropiaciones para casos de interés público al que puede acudir el Estado en caso de necesidad, por lo que resulta innecesario ampliarlo de hecho para otorgarlo a municipios que quieran avanzar sobre terrenos no construidos.

MATRIZ IDEOLOGICA

Sin embargo, todo se clarifica cuando nos adentramos en los fundamentos de la ley. Allí se identifica con claridad la matriz ideológica que invade este proyecto cuando, por ejemplo, califica a la propiedad privada como un derecho “civilista, individualista y excluyente”. Y más cuando luego destaca que “la lógica de un Estado activo y previsor parece ausente y predomina una mirada represiva e individualista en una suerte de sacralización del derecho de propiedad”.

Los argumentos esgrimidos evidencian claramente un avance socializador de la propiedad que entiende que quien agrega valor a la tierra es el accionar del Estado y no su propio dueño. La ley avanza sobre el derecho y la libertad de decisión de los propietarios

Y si no bastara con lo expuesto, cabe considerar la norma propuesta en paralelo (proyecto de ley D2690/12-13), que pretende modificar el art. 25 del decreto-ley 9533/80, para evitar la licitación o subasta de los terrenos expropiados, para entregarlos a quienes “acrediten fehacientemente la erección de mejoras o construcciones permanentes con una antelación de tres años a la fecha de la petición”. Todo en igual sentido.

Debe quedar claro: nuestro espacio, -reitero- el único de toda la Cámara de Diputados que votó en contra de esta ley, también se opondrá en el Senado, ya que siempre estará a favor de garantizar el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna, pero de ninguna manera apoyará iniciativas que promuevan usurpaciones, enfrenten a los argentinos y avasallen a la propiedad privada.