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El Gobierno admitió ayer que este verano habrá más cortes de energía eléctrica y culpó al “mayor consumo por las altas temperaturas”. Pero los especialistas agregan otro factor que consideran determinante en las falencias del servicio: la falta de inversiones que, desde hace más de una década, se registra en el sistema y que abarca a segmentos de producción y transporte de la energía y -fundamentalmente- en la provisión de la luz al “consumidor final” (industrias, comercios y viviendas). Y en ese punto arranca un encadenamiento de factores que, al cabo de su recorrido, desemboca en las góndolas de los supermercados, en los estantes de prácticamente todos los rubros comerciales y, en rigor, en los precios de los más variados servicios porque, como diría el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, “cuando ve que subió la leche, el peluquero aumenta el precio del corte de pelo”.
LA CADENA DE LA INFELICIDAD
La cadena en cuestión es explicada por los economistas más o menos así: 1) la falta de inversiones de las empresas que prestan el servicio es justificada por la ausencia -en líneas generales- de ajuste de las tarifas en la última década; 2) el congelamiento de las tarifas provoca un “agujero” en las cuentas de las concesionarias que el Gobierno -que les prohibe aumentar las tarifas- trata de “compensar” otorgándoles subsidios; 3) pero los subsidios son la causa primera del déficit creciente de las cuentas de la Administración nacional; 4) para cubrir ese bache, el Gobierno recurre a la emisión de moneda; y 5) la emisión, contra reservas que se va achicando, ya se saben, provoca inflación.
CONSUMO Y FALTA DE INVERSION
Como se dijo, el Gobierno apuntó ayer al “mayor consumo” de energía para reconocer, a través del ministro de Planificación Julio De Vido, que “se va a ampliar la posibilidad de que haya cortes de energía este verano (ver pág. 7). El funcionario no dio otros detalles, pero la visión oficial es que en las viviendas hay cada vez más aparatos que funcionan con energía eléctrica.
Hay quienes observan, sobre esa consideración, que “ha sido el propio Gobierno el que ha impulsado un fuerte crecimiento en estos años, de la compra de electrodomésticos” (incluido el aparato más odiado por los funcionarios nacionales por estos días, el de aire acondicionado).
Pero los especialistas sostienen que si el sistema eléctrico fuera sólido y eficiente, debería poder responder sin fallas a la mayor demanda de energía. Y que esto no ocurre -en rigor, el servicio está al borde del colapso- porque desde hace una década no hay inversiones significativas en las obras de ampliación, modernización y extensión del sistema necesarias para responder a un mayor consumo, de modo que el trasfondo del problema es mucho más complejo y no tiene una explicación tan lineal.
TARIFAS Y SUBSIDIOS
Las empresas eléctricas argumentan, a su vez, que no pueden encarar esas inversiones por el virtual congelamiento de las tarifas que pagan los usuarios, en la última década, que pone a sus cuentas en rojo -una explicación avalada por economistas de los más diversos posicionamientos políticos-, y aseguran que los subsidios que les paga el Estado nacional no alcanzan a compensar el desfasaje entre sus ingresos y sus costos.
Los subsidios al consumo de energía eléctrica, por lo demás, forman parte de un paquete de “compensaciones” que paga el Estado nacional, que incluye los subsidios a otros consumos energéticos (como el gas) y al transporte de pasajeros, y que, en la sumatoria, constituye uno de los problemas más críticos de la economía del país, en la medida que son la razón fundamental del creciente y ya preocupante déficit fiscal de la Nación.
UN MECANISMO INJUSTO
La dimensión de ese “nudo” se refleja en que entre los subsidios a la energía y el transporte, el Estado nacional gasta ocho veces que en sostener la Asignación Universal por Hijo (AUH), para comprender la dimensión de ese gasto.
Y no se trata precisamente de un mecanismo justo si de utilizar la plata “de todos” -la que recauda el Estado vía impuestos- para moderar gastos de la ciudadanía se trata. Es que los subsidios se aplican por igual a todos los consumidores, cualquiera sea su poder adquisitivo, lo que convierte en “inequitativa” la “ayuda”.
“Los subsidios a la energía aumentaron un 70% en los primeros meses de este año, cuando llegaron a $46.248 millones. Pero no están bien distribuidos: el 51% es destinado a la capa media de la población en términos socioeconómicos, el 42,7% a a los sectores de alto poder adquisitivo y a sólo en 6,3% de las familias de menores recursos”, según un estudio del ex secretario de Energía de la Nación Alieto Guadagni.
“El Gobierno cree que subsidiando las tarifas mejora la competitividad de la economía, pero eso es falso. La gente consume más por el atraso tarifario y entonces el sistema no soporta los picos de demanda. Y eso le termina costando a la economía los subsidios multimillonarios”, describe a su vez Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de Raúl Alfonsín.
“El sistema energético tiene dificultades para abastecer la demanda máxima, ya sea de gas en invierno como de electricidad en verano. Los cortes pueden producirse por accidentes o por exceso de demanda, pero los tiempos de reposición no deben ser extensos. Esto es lo que provoca las protestas de la población”, dijo Lapeña en diálogo con este diario.
En este contexto, el especialista recordó que la provisión de energía la realizan las empresas, aunque advirtió que “el responsable último” es el Estado. “No es posible argüir que porque crece la demanda y el consumo, entonces se puede caer el sistema. Hay que hacer inversiones antes de que llegue el pico de demanda y ahora hay empresas en quebranto”, afirmó.
Además, aseguró que “la política de subsidios ha sido negativa, porque complica a las empresas y a toda la economía”.
El Gobierno, se sabe, ya anunció en dos oportunidades (hace un año y recientemente) que aplicaría una política de “sintonía fina” sobre los subsidios, para que sólo beneficie a “los que los necesitan, aunque hasta ahora no la implementó.
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