El fútbol y la política, un romance por conveniencia

BOUDOU ESTÁ CITADO PARA MAÑANA A PRESTAR DECLARACIÓN INDAGATORIA

Por MARIANO SPEZZAPRIA

Twitter: @mnspezzapria

A pocos días del comienzo del mundial de Brasil, las encuestas comienzan a reflejar un fenómeno esperable: buena parte de la atención de los argentinos estará puesta en la suerte que pueda correr la Selección nacional y eso menguará el interés por otros asuntos de la actualidad, incluso de aquellos que se pueden considerar como los más acuciantes. El fútbol y la política tienen una larga historia de convivencia y de conveniencias, algunas mutuas y otras forzadas por el poder de turno.

Pero eso no significa, como quedó demostrado en diversas oportunidades históricas, que haya que subestimar la capacidad de la sociedad para acumular información, procesarla en términos culturales y -llegado el momento- generar una tendencia en materia política. Es una asimilación subterránea, que se sigue desarrollando con persistencia pese a que la superficie esté dominada circunstancialmente por fuegos de artificio. En este caso, por la expectativa de un pueblo futbolero.

Tanto es así que -según la encuestadora Polldata- el 63,9% de los consultados manifestó tener “mucho o bastante” interés en el Mundial, en una proporción similar al escaso entusiasmo (56,8%) que generan las campañas que comienzan a desarrollar los aspirantes a la sucesión presidencial. Aunque un caso está llamado a romper este “impasse” que impondrá el reino del balompié: la delicada situación judicial que debe afrontar el vicepresidente Amado Boudou.

PRIMERA VEZ

Conviene detenerse en este punto, por más obvio que parezca: el que mañana tendrá que responder ante la Justicia será el vicepresidente de la Nación. No es normal que eso suceda. De hecho, será la primera vez en la historia que un funcionario de tan alto rango deba someterse a una declaración indagatoria, con grandes posibilidades de ser procesado por delitos de corrupción, mientras aún ejerce el cargo. Esta precisión ayuda a dimensionar al “affaire de la máquina de hacer billetes”.

A sabiendas de que su futuro asoma tormentoso, Boudou intentará aplicar ante el juez Ariel Lijo la vieja consigna de que “la mejor defensa es un buen ataque”. Por eso afirmará que el magistrado es parte de una campaña de desprestigio que montaron en su contra algunos medios de comunicación, a los que el kirchnerismo identifica con las “corporaciones”. Lo hará ante el propio juez y luego frente a la militancia que se reunirá en los tribunales federales de Comodoro Py para apoyarlo.

En este escenario, la estrategia del Vice estará recargada de política, pero adolecerá de argumentación legal para refutar las pruebas que parece haber recolectado el juez de la causa. Hacia ese camino lo habría enfilado la propia Presidenta, que ordenó acorazar a Boudou pese a que cualquier abogado podría aconsejarle exactamente lo contrario. Tal vez Cristina Kirchner piense que su imagen no puede caer más bajo que el 30% de consideración positiva que tiene actualmente.

¿Pero hasta que punto se dejará arrastrar la Presidenta por la situación de Boudou? Ya no se trata solamente de su propia suerte política, sino de la institucionalidad del país y también del “daño colateral” que puedan sufrir los principales dirigentes del oficialismo como consecuencia del escarnio de su Vice, cuya situación provoca además que medidas positivas como la moratoria para incorporar a 400.000 personas al sistema previsional pasen a un intrascendente segundo plano.

Ni hablar de otras determinaciones como el nombramiento del intelectual Ricardo Forster como secretario del Pensamiento Nacional, a todas luces polémico desde su misma concepción, aunque ni por asomo tan peligroso como lo catalogó un sector de la oposición. Mal podría un filósofo ejercer como un comisario político en el mundillo cultural en un período en el que la declinación ideológica del kirchnerismo se hace evidente y lo fuerza a emprender el regreso hacia su peronismo original.

LA BASE DEL PJ

En la base de ese peronismo están los intendentes, tanto los oficialistas como buena parte de los que recalaron en el Frente Renovador massista. El trato directo que promovió con ellos Néstor Kirchner desde 2003 -tal vez porque él mismo fue un jefe comunal- desdibujó a los gobernadores, en la medida en que los propios mandatarios provinciales lo permitieron. Una excepción es el cordobés José Manuel de la Sota, que siempre defendió -a un elevado costo político- el interés de su distrito.

Pero la provincia de Buenos Aires -especialmente el Conurbano- es ahora el escenario donde se cocina a fuego lento el futuro del país. El propio De la Sota lo confirmó al acercarse a Sergio Massa para tratar de penetrar en ese entramado suburbano donde el 30% de las personas vive en situación de pobreza, de acuerdo a la última medición difundida por la UCA. Por cierto que las estadísticas oficiales son otras, pero el Gobierno ha hecho todo lo posible para que no sean consideradas.

Incluso, en los últimos días profundizó su error al lanzar un nuevo sistema de medición del rating televisivo, como si la credibilidad fuera un punto a su favor en esta materia. La obsesión de la Presidenta por el mensaje que emiten los medios de comunicación ya es bien conocida entre los argentinos, aunque el cuestionamiento a la prensa que no sigue la línea oficial perdió la potencia inicial, simplemente porque la realidad es palpable para los ciudadanos de carne y hueso.

Por caso, no existe forma de convencer a un trabajador que buena parte del aguinaldo que cobrará en las próximas semanas será recortado para bien de toda la comunidad, mediante el impuesto a las Ganancias. Tampoco se puede pretender que la familia de un operario de la industria automotriz no sienta temor de quedarse sin su ingreso o verlo drásticamente disminuido, a raíz de las suspensiones y despidos por la crisis del sector. Eso es tan crudamente real que no resiste ninguna manipulación.

INCOMODIDAD GREMIAL

A los gremios de extracción peronista les está costando mantener su predominio en el modelo sindical. Especialmente a los que están alineados con la Casa Rosada, cuyos dirigentes no encuentran argumentos para explicar su pasividad o directamente quedan pegados con los empresarios, como le sucedió a SMATA en el conflicto de la autopartista Gestamp. Entonces, la acción de los gremios de izquierda -vinculados a la base obrera- gana terreno en forma ostensible.

El trasfondo de estos conflictos, más allá de la identidad política de los sindicalistas, es la persistencia de la inflación, que el Gobierno busca aplacar mediante políticas ortodoxas como el aumento de la tasa de interés. Para el mejoramiento de la economía también será clave la determinación de la Justicia estadounidense en el litigio con los bonistas denominados “holdouts” que quedaron fuera de los canjes de deuda de 2005 y 2010, que está próxima a concretarse.

Una buena señal institucional la dará una comisión de diputados y senadores, tanto del oficialismo como de la oposición, que viajará a los Estados Unidos para respaldar la posición del Estado argentino. Entre ellos estarán el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y los legisladores Darío Giustozzi (FR), Federico Sturzenegger (PRO) y Martín Lousteau (FA-UNEN). Todos ellos comprendieron que el resultado de esa contienda no sólo afectará al Gobierno.

También está creciendo entre la dirigencia política, la conciencia de que una correcta explotación del yacimiento de Vaca Muerta puede significar para la Argentina un salto de calidad para la economía, tanto para eliminar el déficit energético como para alentar el ingreso de divisas que permita pasar a una etapa de desarrollo sustentable. La reserva tiene tanto potencial que el Gobierno y las principales multinacionales norteamericanas volvieron a posar su mirada en el país.

Aunque antes de sellar una alianza estratégica de esa magnitud, la Argentina debería enfocarse en distinguir lo importante de lo accesorio. Definir, por caso, que las estadísticas económicas son más necesarias que las mediciones de rating, que el fútbol profesional se autofinancie y no reciba fondos millonarios del Estado o que un ministro de Economía no se vea involucrado con una compañía que se dedica a imprimir billetes.