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Lo afirmó ayer en una audiencia con representantes de Argentina y de los fondos buitre. Pero no declaró al país en desacato. La UCR y el massismo suman su rechazo al proyecto que envió el Gobierno
El juez Thomas Griesa dijo que el proyecto de ley que mandó el gobierno argentino al Congreso para cambiar la sede de pago de los bonistas y el banco fiduciario es “ilegal” porque “viola órdenes judiciales” y además señaló que “no se puede llevar adelante”.
En una audiencia que se celebró en Nueva York a solicitud de los holdouts, quienes buscaban que el magistrado penalice a la Argentina, Griesa hizo saber que por ahora “no se pronunciará” acerca del pedido sobre una eventual condición de “desacato” en la que pudiese haber incurrido el país.
“Vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, es prematuro”, sostuvo Griesa acerca de una penalidad hacia la Argentina, señalaron reportes de agencias internacionales.
SANCIONES ECONOMICAS
Tras una hora y cuarto de deliberaciones, tiempo en el que los holdouts le pidieron también al magistrado “sanciones económicas” hacia la Argentina por intentar incumplir su orden judicial, los observadores señalaron que “una vez más” el juez no se pronunció.
Si bien eludió hacerlo acerca del pedido de los holdouts que dio origen a la audiencia, el juez dejó en claro que la intención de cambiar el domicilio de pago que planteó la Argentina es “ilegal” porque “viola órdenes judiciales” y “no se puede llevar adelante”.
Griesa ya había advertido que el cambio de lugar de pago iba a ser considerado como un incumplimiento de su fallo judicial, cuando hace dos meses la presidenta Cristina Fernández había adelantado esta posibilidad durante un discurso en cadena nacional.
Al respecto, Griesa señaló que estaba “consternado” porque la Argentina no había efectuado consultas legales antes de avanzar en el camino que eligió.
El fondo NML Capital fue el que el miércoles le solicitó al magistrado la audiencia “de emergencia” para evaluar “sanciones” contra la Argentina, mientras que el fondo Aurelius había tratado al gobierno argentino de “bandidos”.
Jonathan Blackman, abogado de Argentina, ha dicho repetidas veces al juez que el país tiene pocas opciones ya que cualquier acuerdo que alcance con los tenedores de bonos estadounidenses a los que se les debe aproximadamente 1.500 millones de dólares lo obligaría a pagar más de 20.000 millones de dólares a los otros bonistas.
En cambio, una carta dirigida a Griesa el miércoles, el abogado Robert A. Cohen, que representa a los tenedores de bonos estadounidenses, dijo que la nueva propuesta de Argentina ofrecería a sus clientes los mismos “términos tacaños” que los fondos de cobertura ya habían declinado en dos ocasiones y los obligarían a someterse al “banco títere” de nuestro país o a los “peleles de Argentina” para recibir pagos.
En la audiencia de la víspera, Cohen dijo que declarar al país en desacato le enviaría un “duro mensaje” a las máximas autoridades argentinas, así como a cualquier institución financiera que pudiera querer ayudar al país a evadir sus obligaciones con los tenedores de bonos estadounidenses.
En cambio, el abogado Carmine Boccuzzi, que representa a Argentina, dijo que una declaración de desacato no ayudará en los esfuerzos para negociar una solución con la ayuda de un perito judicial nombrado por la Corte y llevaría a una retórica todavía más dura. Dijo también que era prematuro ya que Argentina aún no ha modificado las reglas sobre cómo se pagará a los bonistas.
Finalmente, Griesa dijo que la negativa del gobierno argentino a pagarle a los bonistas es similar a un hombre que se presentara a la hora del vencimiento de un plazo con sólo 80.000 dólares para adquirir una propiedad de 100.000 e insistiera en que “80.000 dólares es mucho dinero y mi familia está lista para mudarse”.
“Sería expulsado del vecindario en medio de risas”, agregó el juez.
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