El oficialismo, a paso firme con la polémica ley de abastecimiento

EL DIPUTADO MARTÍN INSAURRALDE, EL MOYANISTA PLAINI, EL MASSISTA ROBERTI Y LOS QUE RESPONDEN AL GOBERNADOR DE LA SOTA AYUDARON AYER AL KIRCHNERISMO A REUNIR EL QUÓRUM NECESARIO PARA EL INICIO DE LA SESIÓN ESPECIAL

En una sesión extensa y con fuertes cruces, la Cámara de Diputados seguía debatiendo al cierre de esta edición la modificación de la ley de abastecimiento, iniciativa que ya tenía la media sanción del Senado y era rechazada por la mayoría del sector empresario.

El oficialismo desde un principio aseguró que contaba con los votos necesarios y preveía aprobarla en las primeras horas de hoy, tras una larga lista de oradores, que anoche, de todos modos, había sido acortada.

OTRAS INICIATIVAS

Junto a esa polémica norma se trataban también los proyectos de creación de un observatorio de precios y de instauración de un fuero especial para conflictos entre empresas y consumidores.

La sesión se inició al mediodía con un quórum obtenido por el oficialismo -139 legisladores- con la presencia, entre otros, del diputado Martín Insaurralde, el moyanista Omar Plaini, el massista Alberto Roberti y los legisladores que responden al gobernador cordobés José Manuel De la Sota, Juan Schiaretti, Carlos Caserio y Blanca Rossi.

Ninguno de los candidatos presidenciales de la oposición -Julio Cobos, Ernesto Sanz, Elisa Carrió, Hermes Binner y Sergio Massa- dio quórum en la sesión.

El tratamiento de las propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo comenzó, más precisamente, a las 12:35 y se estimaba anoche que el kirchnerismo, junto con sus tradicionales aliados, no tendría inconvenientes en convertirlas en ley tras el largo y duro debate.

VOCES A FAVOR Y EN CONTRA

A la modificación de la ley de abastecimiento la rechazan gran parte de los bloques de la oposición, que se manifestaron divididos en lo que respecta al observatorio de precios y los tribunales para conflictos entre empresas y consumidores.

La ultrakirchnerista Diana Conti, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, fue informante del oficialismo y en la apertura del debate resaltó que la iniciativa apunta a que “el Poder Ejecutivo tenga los instrumentos para defender de mejor manera a los usuarios y consumidores”. En ese sentido, estimó un despropósito que “en el siglo XXI no tengamos una normativa que proteja a usuarios y consumidores”.

Por su parte, Martín Lousteau (Suma+Unen) señaló que la ley impulsada por el Gobierno “no es un instrumento idóneo para bajar la inflación” porque, alertó, la causa de esa problemática son los “horrores macroeconómicos”.

La massista Graciela Camaño respondió a las acusaciones del oficialismo al advertir que “no nos pueden venir con el cuento de que defendemos la concentración económica cuando a largo de once años otorgaron subsidios que a veces resultan inexplicables”. Y la radical Patricia De Ferrari, presidenta de la comisión de Defensa de la Competencia, apuntó que la ley que impulsa el Gobierno tiene “irregularidades y vicios insalvables” y es “anacrónica y vetusta”.

Para el diputado del Frente Renovador y ex titular de la UIA, José Ignacio De Mendiguren, la propuesta del oficialismo es “inconstitucional” y alertó que “acorralar a la inversión es un error estratégico grave”, porque afectará la recuperación de la economía del país.

El macrista Pablo Tonelli sostuvo que esta ley “atrasa más de 50 años” y advirtió que la propuesta “es una gran delegación de las facultades que el Congreso haría al secretario de Comercio”, Augusto Costa.

Su compañero de bancada, Federico Sturzenegger apuntó que “esta ley somete a toda la actividad económica a la sanción y apriete arbitrario y discrecional de los funcionarios” y señaló que normas de este tipo se aplicaron a la carne, a la energía y al dólar y “los resultados: la carne más cara que en Estados Unidos, la energía la tenemos que importar y el dólar está a 15 pesos y cada vez faltan más”.

En tanto, Margarita Stolbizer (GEN) consideró que “para defender a los usuarios, consumidores y la libre competencia, existen muchas leyes vigentes. No hacen falta nuevas. Lo que hace falta es cumplirlas y un estado con funcionarios honestos y competentes que controle”.

Otro de los que se manifestó en contra de la reforma de la ley de abastecimiento fue Claudio Lozano (Unidad Popular), quien desafió al kirchnerismo a “dar un debate sobre el capital concentrado” y advirtió que “el Gobierno tiene las herramientas para intervenir y normalizar las ganancias del capital concentrado”.

LA REFORMA

La nueva ley de abastecimiento, que se debatía esta madrugada en Diputados, otorga más poder a la autoridad de aplicación, al darle algunas atribuciones que en la ley 20.680 quedaban reservadas al Poder Judicial, pero a la vez deroga la pena de prisión entre las sanciones a los infractores.

Según el texto, el ámbito de aplicación serán “los procesos económicos relativos a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios -sus materias primas directas o indirectas y sus insumos- lo mismo que a las prestaciones -cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado, de carácter gratuito u onerosa, habitual u ocasional- que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga -directamente o indirectamente- necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población”.

Las sanciones previstas son las siguientes: multa de $500 a $ 10.000.000; clausura del establecimiento por un plazo de hasta 90 días y durante la misma no podrá transferirse el fondo de comercio ni los bienes afectados; inhabilitación de hasta 2 años para el uso o renovación de créditos que otorguen las entidades públicas; comiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción; inhabilitación especial de hasta 5 años para ejercer el comercio y la función pública; suspensión de hasta 5 años en los registros de proveedores del Estado; y pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales.

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