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Hace ya muchos años que la proliferación de la venta ambulante en nuestra ciudad se ha convertido en un grave problema, derivándose a partir de esa conflictiva presencia no sólo reclamos por parte de las instituciones que representan al comercio legalmente instalado sino, también, sucesivas reglamentaciones municipales que apuntaron a regularizar las distintas situaciones. Como se sabe, a pesar de que este tipo de comercialización se encuentra prohibida por ordenanza desde 1993, la modalidad no paró de crecer y ello originó polémicas y hasta incidentes callejeros de magnitud, cuando se decidieron impulsar operativos de fiscalización.
En estos días los comerciantes platenses acaban de manifestar serios reparos a la iniciativa de la Municipalidad, consistente en montar una feria con puestos de venta de diversas mercaderías en lo que fue la sede de la discoteca Macondo. Lo cierto es que la Comuna anunció el traslado a ese edificio de los vendedores informales que ocupaban la vereda del rectorado de la Universidad -7 entre 47 y 48 y de las llamadas “tres facultades”, sobre 48 entre 6 y 7.
Según se informó oficialmente, los vendedores ambulantes irán a ese edificio de calle 45 entre 8 y 9, cuyo alquiler correrá a cargo de la Municipalidad. Asimismo, la Comuna colaborará con la logística hasta que se organicen en el lugar, quedando a cargo de los puesteros el pago de seguridad e higiene y el monotributo. Se detalló que serán unos 38 puestos de venta informal los que comenzarán a funcionar en esa inmueble.
Los comerciantes advirtieron que ellos deberán seguir haciendo frente al pago de tasas, impuestos, personal en blanco y, en su caso, a costosos alquileres, como todo comercio que cumple con las exigencias de las normas y leyes vigentes, para competir en creciente desventaja con una venta informal que los desborda y que a partir de ahora contará con mayores beneficios, como es el alquiler -por parte del Estado- de un inmueble enclavado en una de las más caras zonas comerciales de la Ciudad.
Resulta ciertamente inequitativo con el comercio legalmente establecido que el propio Estado municipal –responsable de fijar normas que garanticen la mayor formalidad con la que debe desarrollarse todo comercio dentro de su jurisdicción- sea no sólo el que facilite alternativas para la permanencia de la venta informal, sino el que, también, se haga cargo de pagar el seguramente costoso alquiler de un local ubicado en pleno centro de la Ciudad. A la flagrante irregularidad con que se maneja la venta informal, le responde asignándole mayores facilidades.
Tampoco puede ignorarse que la venta ambulante se encuentra consolidada por organizaciones de naturaleza mafiosa, con intereses millonarios, que explotan las ciertas necesidades de mucha gente que necesita trabajar. De allí que también resulte especialmente cuestionable que la Municipalidad permita que se propague un modo de actuar que transgrede todas las normas, admitiendo la continuidad de “negocios” que no tributan ningún tipo de impuestos ni cumplen con las normativas laborales nacionales, entre otras, y, en definitiva, compiten deslealmente con quienes tienen comercios instalados.
La decisión de ofrecer un local en pleno centro a la venta informal abre, también, un grifo para las futuras demandas que puedan presentar los vendedores ambulantes que sigan instalándose aquí y allá, quienes con este antecedente a la vista reclamarán que la Comuna, con la misma generosidad con que lo hace ahora, les alquile cualquier otro local para ubicar allí sus puestos.
Está claro que la medida municipal debiera ser revisada. El problema de la venta ambulante, que es muy complejo, admite soluciones menos costosas e inequitativas.
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