Bachelet alcanza un nivel de desaprobación récord de 72%

SANTIAGO.- La desaprobación a la presidenta chilena Michelle Bachelet alcanzó en agosto su máximo nivel empujada por una investigación que involucra a su hijo y a su nuera. Un sondeo de la consultora Adimark difundido ayer señaló que la desaprobación trepó a 72% y que su popularidad alcanzó un 24%. Ambas cifras son las más bajas de su actual gestión y de su anterior mandato entre 2006 y 2010. La mandataria exhibió un alza moderada -al 26% desde el 23% de julio- en la aprobación a la reforma educativa que busca implantar a partir del próximo año y que es rechazada por los estudiantes secundarios y universitarios.

Bachelet llegó al poder en marzo de 2014 con un 62% de los votos en una elección con una abstención que bordeó el 60% del electorado. La encuesta fue realizada a partir de entrevistas telefónicas a 1.033 personas mayores de edad en las principales ciudades chilenas entre el 7 y el 28 de agosto y posee un margen de error de 3%, según la ficha del estudio.

Bachelet arrastra desde fines de 2014 una crisis derivada del financiamiento ilícito de políticos oficialistas y opositores por parte de grandes empresas durante la campaña electoral. La caída en su popularidad también se vincula al descubrimiento en febrero de los negocios inmobiliarios de su hijo Sebastián Dávalos y su esposa Natalia Compagnon, según Adimark y analistas políticos de todas las tendencias. La pareja obtuvo un préstamo por 10 millones de dólares con el que compró terrenos agrícolas que vendió a 15 millones de dólares. Compagnon es dueña de 50% de la empresa que hizo los negocios. Dávalos fue director Sociocultural del gobierno con oficina en el palacio de gobierno, sin cobrar sueldo. Tras el escándalo tuvo que renunciar.

La investigación del caso reveló que toda la información de Dávalos guardada en su PC del palacio de gobierno fue borrada. Aunque el negocio es lícito, se aparta de la ética. La oposición demandó a la pareja por los delitos de tráfico de influencias, uso de información privilegiada, violación de secreto y negociación incompatible con la función pública.