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BRASILIA.- El gobierno de Dilma Rousseff reveló que la acción policial y judicial sobre la corrupción en Petrobras le costó ya 1% del producto bruto del país, equivalente a unos 20.000 millones de dólares. La estimación presidencial confesada ante 12 ministros, representa lo que se perdió entre obras suspendidas en la petrolera y empresas que actuaban en ese ámbito y que debieron paralizar los trabajos. Según Rousseff, la “inestabilidad política” contribuyó a empeorar la crisis empresarial alrededor de la estatal.
Mientras tanto, la gigantesca constructora brasileña Camargo Correa, una de las investigadas en el caso de corrupción en Petrobras, firmó un acuerdo con el órgano antimonopolio para revelar el esquema de irregularidades en la construcción de una central nuclear, según se informó ayer.
La segunda mayor constructora del país se comprometió con el Consejo de Administración de Defensa Económica (CADE) para revelar cómo funcionaba el esquema de “cartel” en la licitación de la central nuclear Angra 3, en el estado de Río de Janeiro.
Con el acuerdo, según la información, Camargo Correa pretende una reducción de las eventuales sanciones por parte del CADE, que puede aplicar multas entre el 0,1% y el 20% de la facturación de la compañía e impedir que celebre contratos con el sector público.
El gigantesco escándalo de corrupción en Petrobras se extendió a la también estatal Eletronuclear, cuyo presidente y almirante de la Marina Othon Luiz Pinheiro da Silva (considerado el padre del desarrollo nuclear brasileño) fue detenido el martes acusado de recibir sobornos a cambio de adjudicar contratos a las mismas empresas que desviaban recursos de la petrolera.
Pinheiro da Silva, que se apartó de sus funciones en abril pasado cuando comenzó a ser investigado, aunque mantiene su cargo, habría recibido cerca de 4,5 millones de reales (unos 1.365 millones de dólares) por adulterar contratos para la construcción de la planta nuclear.
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