El Gobierno condenó el ataque que dejó ocho militares paraguayos muertos

El gobierno de la Argentina expresó hoy su “condena” al ataque sufrido ayer por una patrulla de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de Paraguay, que dejó ocho militares muertos. “El gobierno argentino expresa su condena a los hechos de violencia sucedidos el 27 de agosto en Arroyito, norte del Paraguay, que dejaron el saldo de ocho militares muertos”, dice un breve comunicado difundido esta tarde por la Cancillería. “La República Argentina hace llegar sus condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo paraguayos, así como a los familiares de las víctimas”, agrega la nota.

Una patrulla de la FTC fue atacada en la mañana de ayer a balazos y mediante la detonación de un explosivo al paso del vehículo que la transportaba, en un camino vecinal del departamento norteño Concepción, y provocó la muerte de ocho efectivos. La FTC, que reúne efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), fue creada en 2013 para combatir a la organización guerrillera Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), a la que se atribuyó inicialmente el atentado pero hasta esta tarde no lo había reivindicado.

Disidentes del oficialismo y opositores reclamaron hoy la renuncia del presidente y el ministro del Interior de Paraguay, Horacio Cartes y Francisco de Vargas, y el Senado convocó para mañana a una sesión extraordinaria con motivo del asesinato de ocho militares, ocurrido ayer y atribuido a la organización guerrillera Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Cartes “se debe decidir a cumplir sus funciones o dejar el cargo para que otro lo haga”, afirmó la senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP) opositor. El mandatario se asumió “responsable del derramamiento de sangre” de ayer y prometió “resultados contundentes” para “esta guerra” contra el EPP, al regresar a última hora de anoche desde México.

Las reacciones “violentas y cobardes” del EPP “son el precio que pagamos por nuestra intención de acabarlos” y “tarde o temprano esta historia tiene un solo final: los vamos a encontrar y hacerles pagar por todo el dolor”, agregó Cartes. “Mi cargo está a disposición del presidente de la república, será él quien va a decidir” pero “es inoportuno presentar la renuncia en medio de una crisis”, afirmó De Vargas en Horqueta, la localidad del departamento norteño Concepción donde ocurrió el crimen y a la que concurrió esta mañana acompañando a Cartes. “Este gobierno decidió enfrentar a estos delincuentes; si no había enfrentamiento, no habrían bajas; estas situaciones ocurren y hay que saber lidiar con ellas”, añadió el ministro.

De Vargas también reiteró críticas a la corriente de opinión que en los últimos tiempos reclama la disolución de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), creada en 2013, al comienzo del gobierno de Cartes, e integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) para combatir al EPP. El funcionario subrayó que “los afectados y los pobladores dicen lo contrario” de quienes postulan la eliminación de la FTC y advirtió con respecto al EPP que “no se trata solo de 25 hombres armados recorriendo los montes, o los cooperantes logísticos que tiene; está también el brazo político”.

Paralelamente, el Senado convocó para mañana a una sesión extraordinaria y organizaciones políticas, sociales, empresariales y la Conferencia Episcopal condenaron el hecho y reclamaron medidas urgentes para esclarecerlo. Ocho miembros de una patrulla de la FTC murieron cuando el vehículo que los transportaba en la mañana de ayer por un camino vecinal de Horqueta fue atacado a balazos y mediante la detonación de un artefacto explosivo. El ataque fue atribuido al EPP, aunque hasta esta tarde el grupo no había reivindicado la autoría.

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Las primeras investigaciones revelaron algunos elementos que no concuerdan con la forma de operar del EPP, como, por ejemplo, que a las víctimas se les haya disparado a los glúteos, además de a otras partes del cuerpo, informó la agencia DPA. Sin embargo, el fiscal adjunto antiterrorismo, Alejo Vera, aclaró hoy que el Ministerio Público no tenía todavía “informaciones pormenorizadas” ni había “logrado individualizar a los atacantes”, por lo que aún no podía formular “ninguna imputación”. El EPP es un grupo armado con presencia en los departamentos más pobres del norte de Paraguay, que lleva ya una larga lista de secuestros de empresarios y estancieros, y que reivindica el carácter político de sus acciones, aunque el gobierno suele señalarlo como una simple organización delictiva con fines económicos.

Definido como marxista-leninista en alguno de sus primeros documentos, el EPP se dio a conocer como tal en 2008 con un reclamo de reforma agraria y asistencia para los sectores campesinos, de donde se supone que proviene la mayoría de sus escasos militantes. Varios medios consideran que el grupo, que registra origen en el Partido Patria Libre, ya tenía actuación a fines de los '90, y que en 2005 dio su golpe más resonante con el secuestro y el asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas.

En la actualidad, el EPP mantiene secuestrados a un policía, Edelio Morínigo, y a dos colonos menonitas, Abraham Fehr y Franz Wiebe, a quienes el gobierno considera con vida. Por el suboficial, retenido desde hace más de dos años, el grupo pidió la liberación de algunos de sus líderes detenidos. Fehr está cautivo desde hace más de un año, y Wiebe fue secuestrado el mes pasado, y el mismo día la guerrilla exigió el pago de 700.000 dólares, una cantidad que la familia aseguró que no está en condiciones de reunir.