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El rechazo del Tribunal de Cuentas al balance de 2014 por irregularidades asestó otro duro golpe a la mandataria
Una serie de derrotas políticas apagó demasiado pronto las esperanzas de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, de rescatar su gobierno y dejó en manos del Congreso el futuro de su segundo mandato.
Sacudida por fallos simultáneos adversos en dos tribunales, su debilitada presidencia, muy golpeada por escándalos de corrupción y una crisis económica que han diezmado su popularidad, quedó aun más quebrantada y ahora deberá esperar a que un fragmentado Parlamento le tienda un puente. Pero el Congreso no ha sido fuente de buenas noticias para la mandataria de la potencia emergente que el año próximo será sede de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Rousseff sufrió esta semana dos duras derrotas. El tribunal electoral decidió reabrir una investigación para determinar si se cometieron abusos durante su campaña de 2014 -que tras un complejo camino podría terminar precozmente con su mandato- y un día después el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU, la auditoría del Estado) rechazó su rendición de balance del año pasado, acusándola de “dibujar” los números. Las irregularidades fiscales que apunta el TCU suman un total de 24.000 millones de euros al cambio actual, de los cuales unos 1.000 tendrían que ver con los llamados “pedaleos” fiscales, como se vienen calificando las maniobras para maquillar las cuentas públicas del gobierno.
Bajo presión constante desde que comenzó su segundo mandato hace apenas 9 meses, Rousseff se ganó las críticas de adversarios, aliados y hasta de parte de su propia tropa, disconforme con el ajuste fiscal ortodoxo que impulsa.
En tanto, la amenaza de un impeachment (juicio político) cobra cada vez más vigor en fuerzas opositoras como el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, centro), al que derrotó en octubre pasado en una ajustada segunda vuelta y que ya sin dudas busca someterla a un juicio político.
Ahora la decisión unánime de la auditoría (8-0) llegó al Congreso, que deberá votar si la acepta. En caso de que ambas cámaras apoyen al Tribunal de Cuentas, algo que podría demorar meses (sería recién en 2016), analistas sostienen que se configuraría el primer elemento técnico para un impeachment.
Jaqueada por una severa crisis económica y por las chocantes revelaciones de una red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras que involucran a su Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), Rousseff vio cómo el apoyo a su gobierno se desplomaba a un 10%. El deterioro trajo de regreso la figura del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que se involucró en una reforma que cedió espacio en el gabinete a su socio el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centro) para ganar sustentabilidad y neutralizar una eventual votación pro impeachment.
Pero como si no hubiera sido bastante con los fallos adversos, los diputados de la “nueva alianza” decidieron no dar quórum para decidir si mantenían una serie de vetos presidenciales considerados clave para que el plan de ajuste del gobierno sea exitoso. Y la mayoría de los “brazos caídos” fueron de la base aliada.
Según contaron fuentes del Congreso, los legisladores buscaron enviar el mensaje a Rousseff de que hace falta volver a negociar. Quizás la figura que mejor condensa el presente político de Brasil sea la del polémico y carismático presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha.
Este conductor radial fue acusado de cobrar una coima de 5 millones de dólares para facilitar un negocio en Petrobras y la justicia le congeló cuentas personales en Suiza. Tras la revelación, se declaró opositor -pese a que milita en el PMDB aliado a Rousseff-, y denunció un plan para debilitarlo. Como presidente de la cámara es responsable de aceptar o rechazar los pedidos de juicio contra la presidenta.
El juego está abierto y las predicciones abundan, pero más allá de como termine saldándose esta inesperada crisis de la séptima economía del mundo, hay un tema en el que hay coincidencia: Rousseff luchará por su mandato y por el PT, que lideró un proceso que sacó a 40 millones de personas de la pobreza.
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