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Empresarios del rubro automotor habrían logrado, con coimas, ventajas tributarias durante su gobierno
BRASILIA.- El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, investigado por asuntos vinculados a la corrupción en el gigante petrolero estatal Petrobras, es objeto de otra averiguación por supuestos fraudes con ventajas tributarias para el sector automotriz, según confirmó ayer la Policía Federal.
La Policía intenta determinar si Lula participó en forma directa o indirecta en unas supuestas coimas de empresarios de la industria automotriz a funcionarios de su Gobierno, que habrían influido para la aprobación de medidas en favor de ese sector.
Los hechos que se investigan habrían ocurrido en 2009, durante el segundo mandato de Lula, padrino político y antecesor de la actual mandataria, Dilma Rousseff, quien en aquella época se desempeñaba como jefa de gabinete.
Según las autoridades judiciales, un grupo de empresas del sector automotor sobornó a funcionarios del Gobierno que promovieron unas medidas decretadas posteriormente por Lula, mediante las cuales les fue reducida la carga tributaria.
Esas empresas también son investigadas por manipular a su favor los procesos del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), un departamento del fisco encargado de sancionar a los evasores de impuestos y que, según sospecha, en realidad facilitó maniobras para evasiones fiscales por parte de esas compañías.
Lula ya declaró sobre este caso ante la Policía, pero en calidad de testigo, y aseguró que desconocía el asunto. Su abogado, Cristiano Zanin Martins, afirmó ayer que “no hay nada que justifique” esta averiguación y mucho menos que Lula haya pasado a ser considerado “investigado” en vez de “testigo”.
En el documento en que informó a la justicia sobre la ampliación de la investigación, la policía explicó que el hecho de que la “nueva averiguación” abarque a “otros individuos”, entre los que también figuran dos ex ministros, no significa que éstos “hayan cometido alguna ilegalidad”.
El caso se tramita en un tribunal de Brasilia, ante el que Rousseff fue convocada en calidad de testigo por el abogado Eduardo Gonçalves Valadão, uno de los 16 acusados. La mandataria respondió al tribunal por escrito, con un texto de solamente un párrafo divulgado también ayer y en el cual dijo que no tiene información sobre el asunto y tampoco “nada que declarar”.
En otro documento, remitido al juzgado por el área de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, también se dice que en la solicitud presentada por el letrado Valadão “no hay ningún elemento que justifique” una declaración de Rousseff.
Esta nueva averiguación se suma a otra iniciada por la Policía en torno a supuestas operaciones para el blanqueo de parte del dinero desviado de Petrobras, en la cual Lula también figura como “investigado”. En ese caso, se trata de un departamento situado en un edificio propiedad de la constructora OAS en la ciudad de Guarujá que, se sospecha, pertenece al ex mandatario, pese a que Lula lo ha negado una y otra vez.
El departamento está registrado a nombre de la constructora OAS, implicada en la corrupción petrolera, pero la policía sospecha que esa compañía, como parte de las coimas que pagaba a políticos que amparaban los desvíos de Petrobras, también distribuía pisos en ese edificio..
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