Otra detención y allanamientos por el escándalo de Petrobras

La Policía Federal realizó ayer un operativo en varias ciudades de Brasil en el que detuvo en Río de Janeiro al titular de la empresa estatal de energía nuclear Electronuclear, almirante retirado Othon Luiz Pinheiro da Silva, considerado el padre del programa atómico nacional. Y allanó en San Pablo la oficina del director de Techint, Ricardo Ourique Marques, en el marco de las diligencias relativas a las ramificaciones del escándalo de Petrobras.

Según trascendió, la Policía Federal y el Ministerio Público brasileños hallaron indicios de pago de sobornos en Electronuclear en 2009, por parte de un consorcio de empresas en el cual participaba el holding Techint. Ricardo Ourique Marques -que fue interrogado durante varias horas tras el allanamiento- es el director general de Ingeniería y Construcción de Techint en Brasil.

En este marco, el presidente de Electronuclear fue detenido en una operación de búsqueda de pruebas de supuestos desvíos de recursos en los contratos de construcción de la central nuclear Angra III. Y se sospecha que Techint realizó pagos indebidos a Pinheiro da Silva, a través de empresas intermediarias.

COIMAS MILLONARIAS

Los investigadores calculan que Pinheiro da Silva, que se apartó de sus funciones en abril pasado cuando comenzó a ser investigado, aunque mantiene su cargo, recibió cerca de 4,5 millones de reales (unos 1,365 millones de dólares) por falsificar contratos para la construcción de la planta nuclear. Los contratos fueron adjudicados por Electronuclear, subsidiaria del grupo eléctrico Electrobras, a varias de las empresas acusadas de desviar recursos en contratos con Petrobras.

El denominado “Operativo Radioactividad”, por tener como blanco a la empresas responsables por el desarrollo atómico, fue ejecutado en simultáneo por efectivos de la Policía Federal. Horas antes de este despliegue de agentes y fiscales federales, la presidenta Dilma Rousseff había manifestado su preocupación sobre el impacto económico de la causa que sustancia un juez federal de primera instancia del estado de Paraná (sur del país). Rousseff dijo a ministros que el caso Petrobras acarrea pérdidas económicas para el país del orden del 1% del PBI, unos 18.000 millones de dólares. Esto contabilizando no sólo los perjuicios a la petrolera (de unos 2.000 millones de dólares) sino los proyectos suspendidos, así como la pérdida de espacio internacional de las grandes constructoras que, como Odebrecht y Camargo Correa, al estar involucradas en los delitos, podrán ser excluidas de licitaciones.

En ese sentido, los gobiernos de Colombia, Perú y Ecuador iniciaron averiguaciones sobre Odebrecht, y Bogotá insinuó excluirla de las licitaciones para obras públicas. Incluso fuentes del gobierno dejaron trascender que Odebrecht cederá terreno ante las grandes constructoras chinas con las que lleva adelante una disputa palmo a palmo en Africa.

Por otra parte, sobre las diligencias realizadas ayer, los investigadores entienden que las anomalías también afectaron a la construcción de la usina nuclear Angra III en el litoral de Río de Janeiro. El proyecto Angra III fue retomado en 2009 luego de más de 20 años de suspensión, lo que marcó el reinicio de la apuesta brasileña en ese tipo de energía. En los contratos con Electronuclear, las empresas Camargo Correa, Odebrecht y Techint habrían formado un cártel para pactar las ofertas presentadas, lo cual al parecer contó con el acuerdo de políticos del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, principal aliado del Gobierno), que habrían recibido sobornos.

La denuncia de esta nueva trama de ilícitos fue realizada por Dalton Avancini, alto ejecutivo de la constructora Camargo Correa, la segunda más importante del país, quien fue interrogado en el marco de la causa por el escándalo de Petrobras. La confesión de Avancini se realizó a cambio de los beneficios de la delación premiada que establece una reducción de la pena y la detención domiciliaria de los delatores.