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El Mundo |CRISIS POLITICA Y CORRUPCION EN BRASIL

Piden investigar a Lula y a tres ministros de Dilma

La Fiscalía solicitó a la Corte que indague al ex presidente por el escándalo de coimas en Petrobras

Piden investigar a Lula y a tres ministros de Dilma

La mandataria Dilma Rousseff sostiene la antorcha olímpica en el Palacio Planalto, Brasilia

4 de Mayo de 2016 | 03:06

La crisis que se cierne sobre la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se agravó ayer con una decisión de la Fiscalía que pide investigar al ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, a tres ministros y a otros 27 políticos por el escándalo de corrupción en Petrobras. Rousseff, quien la semana próxima puede ser separada de su cargo si el Senado abre un juicio político (impeachment) en su contra, sumó una nueva preocupación después de que el procurador general (fiscal) Rodrigo Janot pidiera investigar a personas de su estrecha confianza. La Fiscalía solicitó al Tribunal Supremo que indague al padrino político y antecesor de la mandataria y a los actuales ministros de la Secretaría de la Presidencia, Ricardo Berzoni; de Información, Edinho Silva, y al jefe de gabinete de la Presidencia, Jaques Wagner. Janot estrechó todavía más el círculo y pidió también incluir en la lista de investigados al asesor personal de Rousseff, Giles de Azevedo.

En el documento, Janot destacó que “en el ámbito de los miembros” del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) hay nuevos elementos que demuestran que la “organización criminal” que actuó en Petrobras “tuvo un alcance más amplio de lo que se imaginaba” y “con una enorme concentración de poder de los jefes de la organización”. Señaló además que la “organización criminal” que desvió dinero de la petrolera estatal “jamás” podría haber funcionado por tanto tiempo y de “una forma tan amplia y agresiva” en el ámbito del Gobierno federal “sin la participación del ex presidente Lula”.

Pero Janot fue más allá del PT e incluyó a nombres de peso del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece el vicepresidente Michel Temer, quien podría sustituir a Rousseff en unos 10 días si el Senado finalmente decide apartarla de su cargo para iniciar el impeachment. En la lista figuran Henrique Eduardo Alves, ministro de Turismo hasta que el PMDB dejó el Gobierno de Rousseff hace poco más de un mes; el jefe de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, y el ministro de Energía durante el Gobierno de Lula, Silas Rondeau. También fue citado José Sergio Gabrielli, el ex presidente de Petrobras, la empresa donde fue tramada la red de coimas y corrupción, que, según las investigaciones y la propia petrolera reconoció en sus balances, desvió más de 2.000 millones de dólares en la última década. Janot pidió investigar asimismo a Paulo Okamotto, actual presidente del instituto dirigido por Lula, bajo sospecha de haber servido de pantalla para operaciones ilegales.

El ex presidente, uno de los 31 nombres de la lista, fue nombrado jefe de gabinete por su sucesora, Rousseff, en marzo pasado y llegó a asumir el cargo, pero un juez de la Corte suspendió su designación al considerar que el nombramiento buscaba otorgarle fueros privilegiados y permitirle así escapar así de las garras del juez Sergio Moro, que concentra las investigaciones del caso Petrobras. Pese a que su nombramiento fue suspendido, el Tribunal Supremo consideró que Lula debía mantener los fueros que le otorgaba el cargo de ministro de la Presidencia. Lula ya era blanco de dos investigaciones por corrupción y lavado de dinero en tribunales comunes y, si el Supremo acepta el pedido del fiscal, pasará también a ser investigado por la máxima Corte del país. El pedido de Janot supuso un nuevo revés para Dilma, que ayer recibió la antorcha olímpica sin saber si estará al frente del Gobierno durante la apertura de los Juegos Olímpicos, que serán inaugurados en Río de Janeiro el próximo 5 de agosto.

WhatsApp
El juez brasileño Ricardo Mucio Santana, del Tribunal Estatal de Sergipe, revocó ayer un bloqueo contra la aplicación de mensajes WhatsApp, de Facebook, antes de que expirara una interrupción de 72 horas ordenada por otro magistrado. El bloqueo afectó a unos 100 millones de usuarios.

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