Procesado por corrupción y detenido, el ex presidente de Guatemala niega acusaciones

El ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina (64) se sentó ayer en el banquillo de los acusados y negó ante el juez pertenecer a “la línea”, una red de ex funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios para ayudarlos a evadir impuestos.

La fiscalía pidió al juez el procesamiento del ex mandatario por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo en el caso de defraudación aduanera. Es “por la posible comisión de estos hechos delictivos”, indicó el fiscal José Antonio Morales. La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) se unió a la petición de la fiscalía. El ex gobernante enfrentó su segundo día de audiencia luego de que el juez Miguel Angel Gálvez le dictara el jueves prisión preventiva para garantizar que regresara a enfrentar las acusaciones de la fiscalía que lo vinculan a la red de evasión fiscal y corrupción.

La fiscalía presentó 77 escuchas telefónicas de más de cinco horas de grabación, documentos encontrados en allanamientos hechos a diversas oficinas de los supuestos integrantes de la red en los cuales se detallaban cómo se repartían los sobornos recibidos. “Yo, señor juez, no voy a poner mi dignidad, mi trabajo, ni el esfuerzo que he hecho por Guatemala por 800.000 dólares”, afirmó el ex mandatario en alusión a las cifras presentadas por la fiscalía. Según el fiscal Morales , “la estructura por abajo del 1 y 2 (como se lo conocía en la red a Pérez Molina -1- y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti -2-) recibía el 50% y el 1 y la 2 recibían el otro 5%” de los sobornos cobrados.

Pérez Molina contó ayer a la prensa que pasó la noche incómodo y que alcanzó a dormir poco en la prisión civil a la que se lo envió, ubicada dentro del cuartel militar de Matamoros. Agregó que espera una “medida sustitutiva”, que puede ser el pago de fianza o arresto domiciliario, entre otras.

Al menos cien personas están siendo investigadas por el caso de “La Línea”. Entre ellas está Baldetti, quien debió renunciar a su cargo en mayo y está presa, acusada de haber recibido al menos 3,7 millones de dólares en coimas. Tras la renuncia de Pérez Molina, el vicepresidente Alejandro Maldonado (79), juró como nuevo mandatario interino.