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Tras la fuerte advertencia lanzada por la ONU sobre las consecuencias de la legalización de la venta de marihuana en Uruguay, el flamante presidente Tabaré Vázquez resolvió aplazar sin fecha la venta en farmacias, tal como lo votó el Parlamento a fines de 2013.
En declaraciones al diario El Observador, el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, dijo que el mandatario le expresó que no van a hacer las cosas "a las apuradas".
"No queremos hacer las cosas a las apuradas. No puede confundirse el hecho de que nosotros seamos más cuidadosos con que no haya continuidad en el proyecto. Continuidad y cumplimiento de la ley va a haber", aseguró el funcionario.
"El presidente me transmitió que vamos a cumplir con la ley de la mejor manera posible. Así que habrá venta en farmacia", agregó Romani, quien afirmó que "cuando asumí Tabaré fue enfático en que lo único que quiere es que se cumpla bien".
El organismo de la ONU encargado del control de los estupefacientes ha reiterado su "honda preocupación" por el hecho de que Uruguay se haya convertido en el primer país del mundo en legalizar la compraventa, distribución y consumo de cannabis.
En su informe de 2014, publicado ayer, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) vaticina que el paso dado por Uruguay "afectará negativamente a (...) la lucha contra la droga", en especial contra la marihuana, en otros países.
La JIFE vela por el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de drogas, en su mayoría adoptados hace varias décadas. "El Uruguay se ha convertido en el primer Estado parte en la Convención de 1961 que ha legalizado la producción, la distribución, la venta y el consumo de cannabis y sus derivados con fines que no sean ni médicos ni científicos", recuerda el informe.
La Junta subraya que la ley que autoriza al Estado uruguayo a "asumir el control y la regulación de las actividades" de compraventa, distribución y almacenamiento de la marihuana, aprobada en diciembre de 2013, "es incompatible con lo dispuesto" en la citada convención.
En el informe, que dedica un capítulo especial a Uruguay, la JIFE insta al Gobierno uruguayo a elaborar "medidas eficaces y exhaustivas de fiscalización de drogas" (...) "cuyo objeto sea reducir la demanda ilícita de drogas".
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