Báez admitió que recibió U$S 33 millones de una sociedad suiza

El empresario kirchnerista Lázaro Báez admitió en la Justicia que su empresa Austral Construcciones SA recibió 33 millones de dólares (casi 209 millones de pesos) de la firma suiza Helvetic Services Group, cuya propiedad negó, y aseguró que esa plata era un préstamo para “participar en la construcción de las represas de Santa Cruz”.

Así lo reveló ayer a DyN un funcionario judicial que presenció la audiencia de la ampliación de declaración indagatoria que hizo Báez, procesado por supuesto lavado de activos y detenido en el penal de Ezeiza, ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Guillermo Marijuan.

El hombre de negocios de Santa Cruz que estuvo asociado a la familia Kirchner sólo presentó un escrito de descargo y se negó a responder las preguntas que tenían preparadas el juez y el fiscal, por lo que permaneció alrededor de una hora en el juzgado del cuarto piso de Comodoro Py 2002 y fue trasladado de regreso a la cárcel de Ezeiza. Báez, además, negó ser el dueño de Helvetic Services Group, una firma abierta en Lugano, Suiza, que compró la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”, y en la cual su hijo Martín Báez y otras personas fueron filmados cuando contaban 5,5 millones de dólares de origen incierto, una grabación divulgada públicamente en enero pasado y que reactivó este expediente judicial.

Báez aseguró que “lo están persiguiendo por ser un empresario con plata”

El juez y el fiscal buscaban interrogarlo por la “autocompra o auto venta de títulos de deuda pública por parte de Helvetic” por unos 33 millones de dólares que fueron “insertados en el mercado local a partir de su depósito en una cuenta bancaria de Austral Construcciones S.A. en el Banco de la Nación Argentina, a través de nueve cheques por un total de $208.840.876, endosados por Jorge Chueco”, según el fallo de procesamiento.

Y el titular de Austral Construcciones, según la fuente judicial, admitió que la compañía embolsó esa plata e intervino en esa operación para “participar en la construcción de las represas de Santa Cruz”, por las centrales hidroeléctricas ‘Néstor Kirchner’ y ‘Jorge Cepernic’, finalmente adjudicadas a otro grupo empresario también afín al kirchnerismo, Electroingeniería y la estatal china Gezhouba.

La operatoria, según el fallo de Casanello, era una triangulación para “transferencias de dinero procedente de fuentes ilícitas desde SGI Argentina SA a Helvetic Services Group SA” mediante la adquisición de bonos públicos que se transferían en dólares a Suiza y “reingresarían al país para reingresar al patrimonio de Austral”.

HOY EL TURNO DEL HIJO

El empresario también defendió a su hijo Martín, procesado en la causa de la denominada “Ruta del Dinero K” y quien hoy deberá ampliar su declaración indagatoria.

Báez insistió en que “Helvetic Services Group S.A. es una sociedad independiente que opera en el mercado de acuerdo a sus intereses financieros y comerciales” y que ya la UIF “desalienta cualquier vinculación de mi parte o de mi hijo Martín con dicha sociedad” en un informe del 2014, de acuerdo a reportes de la Unidad de Inteligencia de la República de Seychelles.

En el escrito presentado, según trascendió, Lázaro Báez, que cumplió ayer un mes detenido, acusó al juez Casanello de encabezar una “venganza popular” en su contra, a través de “procedimientos inquisitivos”, que implicaron su detención, allanamientos y la incautación de sus bienes, para saciar “una exigencia mediática de castigo”.

Fuentes judiciales revelaron que Báez aseguró que “lo están persiguiendo por ser un empresario con plata” y se quejó por la investigación en su contra de la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan, quien encabezó los procedimientos en Santa Cruz la semana pasada para incautar los bienes del empresario.

En el escrito que presentó como descargo, Báez se quejó de la velocidad que en las últimas semanas tomó la investigación: “El ritmo impuesto al legajo, así como la dirección de la investigación, revelan la mutación de una investigación seria y conducida bajo estrictos parámetros de respeto por el derecho de defensa y el debido proceso, a la consagración del más primitivo sentimiento de venganza popular (y judicial) canalizado a través de la mera protocolización de actas que se incorporan a un legajo en orden sucesivo”.

“Se da respuesta a una exigencia mediática de castigo cuya virulencia parecería legitimar el conjunto de medidas infundadas que lastiman los derechos y garantías constitucionales más básicos, como la libertad, el patrimonio, la propiedad, el debido proceso y la inocencia”, dijo.

Y añadió: “Este proceso conserva más similitudes con los métodos de la sagrada inquisición para el ´juzgamiento´ de culpables que con uno de la actualidad. La hoguera mediática alimentada por distintos actores, incluso judiciales, a diario, no está exenta del tratamiento referido. El legajo seguramente será calificado en el futuro como el Malleus Maleficarum de la actualidad. Así será evocado y recordado dentro de pocos años”.

Criticó además a Casanello por su “arbitraria selección de palabras” que conformaron su imputación sin “pruebas en el expediente que admitan” una “imputación penal”, pero remarcó que su acusación “no identifica nada” sino que solo “se describe una operación financiera que, observada desde la actualidad normativa, no constituye infracción alguna al ordenamiento legal”, a lo que se les suma “en forma arbitraria y caprichosa, una consideración general de ilicitud de los fondos utilizados para llevar adelante esa operación”.

“Me han informado que mi palabra, en esta situación, está íntimamente vinculada a la posibilidad de ser oído, de defenderme. Sin embargo, le pido al juez que antes de convocarme a defenderme de algo, describa ese “algo” como un acontecimiento ilícito. Y si sucede como en el caso, que no lo puede hacer, directamente le solicito -por expresa imposición de la ley- que no me convoque”, advirtió.