Casanello concluyó investigación que involucra a Macri por presuntas escuchas

El juez federal Sebastián Casanello dio hoy por concluida la etapa de recolección de pruebas en la causa que investiga al presidente electo, Mauricio Macri, por supuestas escuchas ilegales, y debe decidir ahora si pide o no elevar la causa a juicio oral.
 
La causa quedó en condiciones de "clausura de la etapa de instrucción", el paso previo a que el juez le "corra vista" a las partes para que formulen sus requerimientos de elevación a juicio o, como en el caso de Macri, el pedido de sobreseimiento.

Casanello deberá pedirle dictamen a los acusadores particulares, Daniel Leonardo y el dirigente de la comunidad judía Sergio Burstein, y al fiscal federal Jorge Di Lello. El juez dio seis días hábiles a Di Lello y a los querellantes para que opinen si corresponde sobreseerlo o enviarlo a juicio oral.

Luego de que todas las partes formulen su requerimiento, el magistrado quedará en condiciones de resolver.

La semana pasada, la defensa de Macri solicitó el sobreseimiento de la causa al juez a cargo de la investigación, Sebastián Casanello. 

El resto de involucrados en la causa fueron enviados a juicio oral el año pasado, pero el juez pidió varias medidas de prueba adicionales sobre Macri. 

El polémico caso de espionaje se destapó en octubre de 2009, cuando se conocieron supuestas prácticas de escuchas ilegales a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado terrorista contra la mutualista judía AMIA (ocurrido el 18 de julio de 1994), por parte del exjefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires Jorge "Fino" Palacios. 

Macri había encargado a Palacios la tarea de crear la Policía Metropolitana.

Tanto Palacios como el antiguo agente federal Ciro James están a la espera de juicio oral. 

James habría sido contratado por el Ministerio de Educación porteño durante la gestión de Mariano Narodowski al frente de esa cartera, exfuncionario que también fue procesado en esta causa y que también afrontará el juicio oral. 

Los investigadores del caso encontraron información sobre el supuesto espionaje ilegal en computadoras incautadas en una agencia de seguridad controlada por Palacios.