Durísimas condenas por la tragedia del tren en Once

El juicio oral por el grave y trágico choque del tren de la Línea Sarmiento ocurrido en febrero de 2012 en la terminal de Once concluyó con la condena a prisión de ex funcionarios kirchneristas y de varios empresarios, fallo que fue calificado de “histórico” por familiares de algunas de las 51 víctimas mortales -una de ellas estaba embarazada- y los más de 700 heridos.

Los tres miembros del tribunal oral en lo Criminal Federal N 2 de capital federal resolvieron por unanimidad sentenciar a ocho años de prisión a Juan Pablo Schiavi por los delitos de defraudación contra la administración pública y estrago culposo agravado por el número de fallecidos. En tanto, su antecesor en el cargo Ricardo Jaime deberá cumplir seis años de prisión por el primer cargo.

Además, los dos ex funcionarios tendrán una inhabilitación perpetua para ejercer algún cargo público.

Para el tribunal, la responsabilidad del Estado no acaba allí: Julio de Vido, que fue ministro de Planificación durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, también deberá ser investigado, pues encabezaba la cartera a la que pertenecía el área de Transporte hasta que ocurrió el accidente en la estación Once.

Aunque las penas son menores a las que reclamaban, algunos familiares quedaron conformes con las prontas condenas a los responsables, teniendo en cuenta que los procesos judiciales pueden tardar décadas en llegar a un resultado.

21 CONDENADOS, POR AHORA LIBRES; 7 ABSUELTOS

El tribunal integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D’Alessio resolvió, en general, penas entre cuatro y nueve años de prisión para 21 de los acusados en el juicio, mientras que absolvió a los 7 restantes, entre ellos uno de los hermanos Ciriglino y miembros la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Sin embargo, ninguno de los condenados irá preso todavía, pues la sentencia no ha quedado firme.

Sergio Claudio Cirigliano, directivo de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que tenía la concesión de la línea siniestrada, fue condenado a 9 años de prisión “por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado”, según el fallo.

Además, casi diez directivos de TBA recibieron penas de entre cuatro y ocho años de prisión, mientras que Mario Cirigliano, hermano de Sergio, fue absuelto. También otros direcitvos de la empresa Comentrans.

El tribunal también dispuso una pena de tres años y seis meses de cárcel para el maquinista Marcos Córdoba, quien conducía el tren.

El accidente, uno de los más graves en la historia de Argentina, puso en el tapete las deficiencias del servicio de ferrocarriles privatizado en la década de 1990 y la falta de controles por parte del Estado, pese al desembolso de millones de dólares al año en calidad de subsidios para mantener las tarifas baratas.

EL JUICIO

Durante el juicio, en el que declararon más de 200 testigos, quedó probado que la empresa TBA no cumplía con el mantenimiento de los ferrocarriles en complicidad con funcionarios del área.

El fiscal Fernando Arrigo destacó en diálogo con periodistas que la tragedia se hubiera evitado si los secretarios de Transporte hubieran tomado en cuenta un informe previo de la Auditoría General de la Nación que alertaba sobre las graves fallas en el funcionamiento de los trenes y el mal estado de las vías.

El fiscal Arrigo se manifestó “conforme” y dijo que “ahora hay que esperar los fundamentos del tribunal.

LOS FUNDAMENTOS, EN MARZO

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ) en su página web, el tribunal difirió la lectura de los fundamentos de la sentencia para el próximo 30 de marzo, a las 13 horas, tras lo cual comenzarán a correr los plazos para las apelaciones.

Los acusados se retiraron de los tribunales de Comodoro Py sin hacer declaraciones a la prensa.

Después de casi dos años de juicio, Jaime fue condenado a cinco años de prisión, pero el tribunal le dictó una pena única de seis años por las dos condenas anteriores que registró por dádivas y el intento de robo de prueba durante un allanamiento en Córdoba.