Pollicita dijo que rechazo de Rafecas fue "prematuro" y "precipitado"

El fiscal federal Gerardo  Pollicita apeló hoy por "prematuro" y "precipitado" el rechazo del juez  Daniel Rafecas al requerimiento fiscal en la denuncia contra la  presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento del atentado  a la AMIA. Y advirtió que "en beneficio" de los denunciados, entre ellos  la Presidenta y el canciller Héctor Timerman, "corresponde  investigar la existencia de los hechos y sus antecedentes", e incluso  llamar a declarar como testigo al ex secretario general de Interpol  Ronald Noble y "al consejero jurídico de Interpol".    

"Es obligatorio tramitar esta instrucción. Frente a un  acontecimiento como el que aquí se debe investigar, la ley manda que, para tranquilidad y seguridad de todos (denunciantes,  magistrados, imputados, interesados), se rija aquel conocimiento  por sus propias normas, no por otras. El cumplimiento de esas  normas, las que estructuran cómo acreditar los hechos mencionados en una denuncia o cómo acreditar su posible  caracterización criminal, es lo que no ha permitido el juez con su  resolución", sostuvo el fiscal.     

Con estas palabras, Pollicita reclamó que la Cámara Federal  revise la decisión tomada el jueves pasado por el juez Rafecas para  rechazar, de plano, la posibilidad de abrir una investigación que  permitiera esclarecer la acusación que hizo el fiscal de la causa  AMIA cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su casa,  con un tiro en la cabeza.    

Fuentes judiciales indicaron a DyN que esta tarde Rafecas  decidió aceptar la apelación, sin fundamentar su resolución, aunque la  notificación formal al fiscal le llegará mañana.    

A primera hora, en tanto, la Cámara Federal hará el sorteo de  rigor para definir qué sala dirimirá la cuestión.    

El 14 de enero pasado Nisman denunció que el encubrimiento se  habría llevado adelante para "fabricar la inocencia" de Irán en el  atentado contra la AMIA.     

Y señaló como sospechosos de ese delito a la Presidenta, al  canciller, al diputado camporista Andrés "El Cuervo" Larroque, al  piquetero Luis D'Elía, al lobbista proiraní Jorge "Yussef" Khalil,  al supuesto espía Allan Bogado, al ex juez Héctor Yrimia y al líder  de Quebracho, Fernando Esteche.    

Luego de que la Cámara Federal resolviera que el juez que  debía intervenir en el caso era Daniel Rafecas, el fiscal Pollicita  resolvió imputar a los denunciados y solicitar unas 50 medidas de  prueba para avanzar en la investigación.    

Pero el jueves 26 de febrero Rafecas firmó una extensa  resolución donde rechazó abrir el caso y aseguró que no hubo ningún  delito y que, de investigar a alguien, solo cabría hacerlo con Bogado.    

En un escrito de 35 páginas, Pollicita sostuvo que "la  decisión de proceder al cierre inmediato del sumario, sin realizar  ninguna de las medidas que habían sido propuestas en el requerimiento de  instrucción, impide contar con información esencial".    

Para Pollicita "resulta prudente y razonable abrir la  investigación propuesta por esta Fiscalía para luego poder tomar una  decisión sobre el fondo del asunto con la información necesaria a tales fines".    

"Una hipótesis criminal de inusitada gravedad y trascendencia  institucional, como la presentada por el Dr. Nisman, demanda la  realización de todos los esfuerzos posibles para intentar alcanzar  la verdad real de lo sucedido", advirtió.    

Recién cuando ello ocurra, prosiguió, "se podrá transmitir a  la sociedad el mensaje de que las instancias judiciales  intervinientes en el caso agotaron todos los recursos y herramientas  disponibles para que su resolución lo sea con la mayor claridad, transparencia y equidad posibles".    

Sobre la polémica en torno a la caída o no de las alertas  rojas contra iraníes acusados del atentado terrorista a la AMIA,  Pollicita propuso que "la investigación deberá centrarse en determinar si efectivamente la Secretaría General de Interpol se  encontraba facultada -sin conformidad externa- para anular las  notificaciones en cuestión".    

"Y por consiguiente -añadió-, si las autoridades persas  hicieron gestiones en ese sentido a partir de la 'ayuda' que habría  significado el instrumento rubricado con el gobierno argentino (memorándum)".     

Pollicita confió que está "convencido de que en beneficio de  los que aparecen mencionados en la denuncia", es decir la  Presidenta, el canciller Héctor Timerman y otros "corresponde investigar la  existencia de los hechos y sus antecedentes".    

"Sólo contando con los antecedentes que proporcionará una  correcta investigación -llevada a cabo dentro de un proceso criminal  legalmente tramitado con intervención de las partes- corresponderá  decidir si es viable una imputación o si debe disponerse en cambio una desvinculación definitiva", concluyó.