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Fracasó proyecto de ley del oficialismo sobre obras públicas

En Diputados el kirchnerismo se impuso en una ajustada votación a favor de una moción de orden que proponía el retorno a comisión de la iniciativa, que promueve la contratación público-privada

Fracasó proyecto de ley del 
oficialismo sobre obras públicas

Fracasó proyecto de ley del oficialismo sobre obras públicas

26 de Octubre de 2016 | 19:36

 


La alianza oficialista Cambiemos  fracasó hoy en Diputados en su intento por aprobar la ley que  promueve la contratación público-privada para obras públicas, luego de  que el kirchnerismo se impusiera en una ajustada votación a favor  de una moción de orden que proponía el retorno del proyecto a  comisión.    

La moción de orden fue impulsada por el diputado Abel Furlán y  la votación nominal, pedida por el jefe del Frente para la  Victoria, Héctor Recalde, terminó con 107 votos a favor de que la  propuesta vuelva a las comisiones de Legislación General y Presupuesto,  con el respaldo de la mayoría de los legisladores del Frente  Renovador que encabeza Sergio Massa.    

En tanto 106, en su mayoría de la alianza Cambiemos, se  manifestaron en contra la moción del legislador kirchnerista, mientras  que ocho legisladores se abstuvieron.    

De esta manera, el oficialismo sumó su segundo golpe en 24  horas porque la sesión especial de hoy iba a ser convocada para  tratar la reforma del Ministerio Público, pero finalmente esa propuesta  se postergó debido a la falta de acuerdo entre los propios socios  de Cambiemos.    

En el inicio del debate, el macrista Daniel Lipovetzky  defendió la propuesta enviada por el Ejecutivo y como miembro informante  apuntó que "la presencia del sector privado cada vez se hace más  importante para lograr un mayor desarrollo" y apuntó que esta  condición "lo entendió el propio gobierno anterior cuando en el año  2005 dictó un decreto que regulaba las participaciones  público-privada".    

Sin embargo, el legislador sostuvo que "este tipo de  regulaciones es conveniente hacerlo por una ley de manera de  darle mayor  transparencia" porque "en la Argentina la mejora en infraestructura  es muy necesaria".    

Por su parte, el ex ministro de Economía; Axel Kicillof, alertó sobre "lo peligroso" de que la Cámara apruebe esta iniciativa  como vino del Senado y consideró que "es un proyecto equivocado"  porque la norma impulsada por el Ejecutivo "convierte al Estado en un  rehén del sector privado".    

El diputado kirchnerista protestó porque desde el oficialismo  se argumenta que "había que flexibilizarlo" al decreto de 2005  firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner y que regulaba la  relación entre el sector público y privado, y consideró que esa  "flexibilización se hace eliminando controles y atributos del Estado  y entregando la jurisdicción al extranjero".    

En tanto, la jefa del GEN, diputada nacional Margarita  Stolbizer, también se manifestó en contra de la propuesta y acusó al  gobierno de Mauricio Macri de "repetir o emprolijar lo mismo que  hicieron otros".    

"Estamos de acuerdo en llevar adelante un plan nacional con  visión estratégica de desarrollo a largo plazo", dijo Stolbizer,  quien remarcó que "no son estas las normas que necesita la Argentina"  y sostuvo que "este proyecto surge lamentablemente de la  aceptación de la incapacidad del Estado para contratar".    

El massista Marco Lavagna trató de bajarle el tono a los  cuestionamientos y, en ese escenario, expresó su disidencia "con las  visiones de que le hacemos cambios cosméticos" al proyecto del  Ejecutivo y remarcó que será aprobado con "modificaciones que han sido  sustanciales".    

Entre esos cambios, el legislador apuntó que para la  aplicación de la norma, el proyecto "tiene que estar aprobado por el  presupuesto".    

Diego Bossio (bloque Justicialista) también aseguró que se  hicieron "modificaciones de fondo" al proyecto original para  "preservar el Estado" y remarcó que desde el Congreso "no vamos a asegurar  ningún riesgo empresario".    

El ex director de la ANSES sostuvo que para controlar los  contratos, que no solo serán sometidos al análisis de la Auditoría  General de la Nación, se creará una comisión bicameral para controlar  las contrataciones.  

 

 

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