Hotesur: la sobrina de Cristina ahora recusó a dos camaristas

La sobrina de la Presidenta de la Nación y jefa de la empresa Hotesur, Romina Mercado, pidió ayer el apartamiento de dos magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal que deben resolver si el juez Claudio Bonadio sigue investigando o no presuntas irregularidades en esa empresa.

En un escrito que presentó ayer por la mañana su abogado, Carlos Beraldi, la defensa planteó que los camaristas de la Sala I del máximo tribunal penal del país Gustavo Hornos y Luis María Cabral no pueden intervenir más en la causa porque, sostuvo, habrían incurrido en “prejuzgamiento” al filtrarse a la prensa sus supuestos votos a favor de Bonadio.

También consideró que el adelanto en algunos diarios de las posibles decisiones de Hornos y Cabral acarrearía una posible “nulidad” pues violaría el principio procesal de que “la deliberación de los jueces antes de dictar sentencia debe ser secreta”.

La Sala I de Casación, integrada por los jueces Hornos, Cabral y Ana María Figueroa, tiene pendiente de resolver si confirma o aparta a Bonadio del expediente en que se investigan presuntas irregularidades en Hotesur, que administra el hotel Alto Calafate, perteneciente a Cristina Fernández.

SE SUMO LA FISCAL

Mercado pidió el apartamiento de Bonadio y la fiscal de la Cámara, Gabriela Baigún, se sumó a esa solicitud.

Tanto la defensa como la Fiscalía señalaron que hay temor de pérdida de parcialidad por parte del juez para investigar el caso.

La empresa Hotesur pertenece a la presidenta Cristina Kirchner y el juez Bonadio investiga la falta de entrega de balances de parte del hotel Alto Calafate, uno de los emprendimientos que administraba la compañía.

Alto Calafate fue contratada por Austral Construcciones, empresa del ultrakirchnerista Lázaro Báez, para ocupar habitaciones que nunca fueron utilizadas, por lo que se sospecha que pudo haber lavado de dinero.

También trascendió que el propio Báez buscaría llevar la causa a los tribunales de Comodoro Rivadavia por una denuncia similar.

Bonadio allanó la sede jurídica de Hotesur y estaba vacía y le pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) documentación sobre los balances de la empresa y declaraciones juradas.

La recusación que la defensa de Mercado presentó contra Bonadio ya fue rechazada por la Sala I de la Cámara Federal por dos votos contra uno.

Los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero votaron por confirmar a Bonadio en la causa, mientras que Eduardo Freiler se inclinó por apartar al magistrado

El juez federal investiga la sociedad familiar Hotesur, de la que es parte la Presidenta, luego de una denuncia de que no tendría actualizados sus datos en la Inspección General de Justicia aunque si aprobados y en regla sus últimos balances.

Mercado, hija de la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, pidió el apartamiento de Bonadio por considerar que no conserva imparcialidad y que negó a su defensa acceso al expediente.

VERSIONES PERIODISTICAS

En una audiencia realizada el 6 de abril, la Sala I de Casación escuchó el pedido de la defensa de Mercado y se retiró a deliberar para resolver el planteo, pero el miércoles pasado un portal de noticias informó que el tribunal ratificaría a Bonadio porque Hornos y Cabral ya habían redactado su fallo en ese sentido.

La versión fue replicada luego por un matutino porteño, así como que la jueza Figueroa habría pedido más tiempo para expedirse, lo que habría ocasionado la postergación del fallo, que ahora se espera para la próxima semana.

“Ni por un momento pongo en duda la honorabilidad de los señores magistrados, Cabral y Hornos; empero, se da en el caso una situación irregular que no puedo dejar de plantear”, sostuvo en su planteo la defensa de Mercado quien exige el apartamiento de los jueces y que se retrotraiga al situación a la fecha de la audiencia.

“Si la especie periodística no resultare fidedigna, se estaría colocando a los señores magistrados frente a la grave presión que significaría haber cambiado su parecer en un caso de alta trascendencia pública, en donde incluso ciertos sectores ponderan que los jueces que no voten según sus expectativas merecen ser ‘escrachados’”, resaltó el defensor.