La Corte aclaró que investigación por atentado a embajada de Israel "continúa"

La Corte Suprema de Justicia  reconoció hoy que la investigación por el atentado contra la embajada  de Israel, en 1992, "continúa" abierta, pese a que ya se probó cómo  ocurrió el ataque y "la responsabilidad penal de sus autores".    

"En estos autos, está probada la materialidad de los hechos  -cómo ocurrió el atentado- y también señalada la responsabilidad  penal de sus autores", subrayó un informe oficial, difundido por el  Centro de Información Judicial (CIJ).    

"Ambas circunstancias (pilares de la investigación) han sido  consentidas por las partes, y que sobre esa base firme se continúa  con la pertinente investigación, para lo cual se ha solicitado la  necesaria colaboración internacional", añade el documento.    

La Corte debió salir a hacer la aclaración luego de que el  presidente del Alto Tribunal, Ricardo Lorenzetti, dijo que era "cosa  juzgada".    

La expresión de Lorenzetti fue una respuesta al reclamo que le  formuló la presidenta Cristina Fernández, el último domingo en la  Asamblea Legislativa.   
Además, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu,  aseguró ayer en el Congreso de Estados Unidos que "Irán voló la  embajada" de su país "en Buenos Aires y el centro comunitario" en alusión  a la AMIA.    

En tanto, la embajada de Israel en Buenos Aires dijo que "la  responsabilidad acerca del cuidado de toda delegación diplomática  se encuentra en manos del país receptor de la misma", y recordó que  "es competencia y responsabilidad del Estado argentino investigar  el atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires".    

En un documento firmado hoy por el secretario Esteban  Canevari, a cargo de la causa, se indicó que "la Corte tuvo por probado  que el hecho fue causado por la explosión de una carga de pentrita y  trinitrotolueno que había sido acondicionada en la parte  posterior derecha del interior de una camioneta Ford F- 100".    

"También la Corte, en la mencionada resolución, se expidió sobre la responsabilidad en el hecho investigado, atribuyéndosela al grupo terrorista denominado Jihad Islámica,  brazo armado del Hezbollah", añadió el texto.    
El documento atribuye responsabilidades a Abbas Musawi,  secretario del Hezbollah, e Imad Mughniyah, quien dirigía el aparato de  seguridad central y exterior del Hezbollah y era el responsable de  la Jihad Islámica.    
"Mughniyah habría fallecido el 12 de febrero de 2008 en un  atentado en Damasco, por el estallido de un coche bomba", consignó el  documento.    

El tribunal también detectó "vínculos entre el Hezbollah y  personas sospechosas que desarrollaban actividades supuestamente  comerciales en la zona conocida como 'Triple Frontera', entre otros  Samuel Salman El Reda Reda".    

La Corte "libró una orden de captura contra José Salman El Reda", que no se concretó.    

"En junio de 2001 se detuvo en el Reino de Jordania a Hussein  Mohamad Ibrahim Suleiman, agente operativo del Hezbollah, quien  habría relatado que en 1991 viajó a San Pablo y que a principios de  1992, en Foz de Iguazú, recibió explosivos que transportó a la  Argentina en ómnibus -disimulados en cajas de alimentos- los que más  tarde fueron utilizados para el atentado contra la Embajada de  Israel", abundó.    

La Corte recordó que "el 20 de diciembre de 2006 se reiteraron  las órdenes de captura internacional de Imad Mughniyah y José  Salman El Reda.    En tanto, el ex juez de la Corte Augusto César Belluscio  aseguró que la investigación por el ataque a la embajada de Israel "no  está cerrada" y sostuvo que ese país "puso dificultades para  investigar" ese atentado.    

"No se resolvió nada. Creo que se ordenó continuar la  investigación. Evidentemente no está cerrada", sostuvo el ex magistrado,  integrante del máximo tribunal entre 1983 y 2005, que firmó en  disidencia el fallo de 1999 citado ayer por Lorenzetti.

"Siempre hubo dificultades en ese tema. Inicialmente las puso  la propia Embajada de Israel que no permitió a quien era el  presidente de la Corte en ese momento, el doctor Ricardo Levene, y a los  peritos nombrados por la Corte penetrar en el terreno, en el  edificio destruido para investigar qué era lo que había ocurrido. Al  principio lo impidió", sostuvo.