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También sería de $2.000, aunque la negociación con los gremios aún no comenzó
Por MARIANO SPEZZAPRIA
El gobierno nacional despejó una de las dudas que dejó la primera ronda del diálogo tripartito: ¿Los empleados públicos también cobrarán el bono de fin de año? Esa pregunta no tuvo respuesta firme el miércoles pasado en la Casa Rosada, pero ayer fuentes oficiales confirmaron que se negociará un pago extra para los trabajadores estatales, como reclaman los gremios del sector.
La confirmación llegó además por parte del jefe de UPCN, Andrés Rodríguez, quien participó de la apertura de la mesa de “Diálogo para la Producción y el Trabajo”, que acordó el pago de un bono con un piso de $2.000 para el sector privado. “Para el sector público se empieza a negociar estos días. Estábamos esperando la reunión general y ahora tenemos el marco”, explicó Rodríguez.
El Estado nacional cuenta actualmente con unos 400.000 agentes –tras los despidos en el inicio de la gestión de Cambiemos y el ingreso de nuevos empleados en los últimos meses-, pero el Gobierno todavía estudia si el bono correrá para toda la plantilla o si excluirá a algunos grupos, como secretarios y subsecretarios, directores y coordinadores que integran el ala política.
El Ministerio de Modernización, una suerte de jefatura de personal de la era macrista a cargo de Andrés Ibarra, también hacía las cuentas para el pago del bono en caso de que se excluyera también a las Fuerzas Armadas y personal de los organismos descentralizados, según trascendió. Con esas medidas, el impacto fiscal de la erogación sería la mitad del previsto en $1.000 millones.
El reconocimiento del Gobierno de que negociará el bono para los empleados públicos abre a su vez otra discusión: ¿Qué pasará con los trabajadores estatales de las provincias y los municipios? Ya se sabe que la mayoría de los gobernadores no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a ese pago a fin de año. La misma situación enfrentarían los intendentes municipales.
La administración nacional anticipó, a través del ministro Alfonso Prat-Gay, que no tiene en análisis brindar ayuda financiera a las provincias para que puedan abonar el bono a sus empleados. Así que en este punto, el plan oficial -compartido con gremios y empresarios- para llegar en paz social a fin de año tiene dificultades de implementación. Específicamente, restricciones financieras.
Otras dudas que se plantearon en las últimas horas tienen menor dimensión. Por caso, si efectivamente los empresarios pagarán a sus empleados el bono de $2.000 al que se comprometieron en la reunión del miércoles en el museo de la Casa Rosada. Especialmente, surgieron los cuestionamientos entre las pymes, que atraviesan un año muy complicado.
Pero desde la Unión Industrial (UIA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) afirmaron a EL DIA que sus adherentes pagarán el bono, pese a que más del 80% de las empresas que integran esas entidades empresarias son pymes. El apoyo del sector privado al Gobierno quedó otra vez muy claro en un encuentro que encabezó el presidente Macri ayer en el porteño hotel Alvear.
Como un gesto a los empresarios, el Gobierno devolvió las gentilezas: el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, rechazó de plano la posibilidad de que se instrumente “por ley o por decreto” la prohibición de despidos, con la que insisten algunos gremios nucleados en la CGT. “No creemos en esas herramientas, que producen un efecto contrario al buscado”, aseguró el funcionario.
De todos modos, el triunvirato cegetista salió a garantizar que el inicio del diálogo tripartito evaporó la posibilidad de que convoque a un paro general al menos en lo inmediato. Aunque uno de los secretarios generales, Juan Carlos Schmid, exhortó a los empresarios a “abrir la billetera” y pagar el bono de $2.000 para que los trabajadores compensen lo que perdieron con la inflación.
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