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Los abogados de la jefa de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, esperaban hoy conocer la resolución del juez penal Gastón Mercau a su pedido de excarcelación, mientras otra delegación de adherentes a esa agrupación kirchnerista viajaba a Buenos Aires para sumarse a la protesta en la Plaza de Mayo. Allegados a Sala confiaron que hasta la madrugada de hoy el abogado Luis Paz no había recibido notificaciones por parte de la justicia y recordaron que el juez Mercau tiene plazo hasta el martes para expedirse.
Ayer, la fiscal Liliana Fernández de Montiel emitió un dictamen en el que aconsejó que no se le otorgue el cese de prisión a Sala que está imputada en dos causas, una por "instigación al delito y tumultos" y otra por "asociación ilícita, fraude y extorsión". La situación de la dirigente y diputada electa del Parlasur podría ser definida el lunes, cuando se conozca formalmente la decisión de Mercau, añadieron las fuentes aunque admitieron que era posible que el magistrado siguiera en sintonía con el planteo de la fiscal.
Por otra parte, la Tupac Amaru anunció que otro grupo de militantes jujeños de esa organización emprendió viaje a Buenos Aires para sumarse a la protesta que sostienen desde hace 16 días en un gazebo en la plaza de Mayo, frente al Cabildo y a metros de la Casa Rosada. "Estamos yendo a Buenos Aires para continuar apoyando a la compañera Milagro Sala y para estar junto a otros compañeros de distintas organizaciones nacionales en plaza de Mayo", expresó Gabriel Coca, uno de los cooperativistas que pide también la liberación de Sala.
La ex diputada provincial cumple arresto desde el sábado 16 de enero cuando fue detenida en la puerta de su casa en la causa por instigar a cometer delitos porque había mandado a instalar un campamento en torno a la casa de gobierno jujeña, con cortes de tránsito en varias calles aledañas y la ocupación de la plaza Belgrano. Días después, la justicia le permitió recuperar la libertad pero en la misma cárcel de mujeres del barrio Alto Comedero le notificó que quedaba detenida por una segunda causa abierta por "asociación ilícita, fraude y extorsión" en la que se la acusa de integrar un grupo que recibía dinero de cheques endosados que tenían como destino cooperativas que construían vivienda con fondos del estado nacional.
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