Otro duro cruce con Gran Bretaña por el petróleo en las Malvinas

El gobierno británico acusó ayer a la Argentina de “hostigamiento” por el inicio de acciones legales a las empresas del Reino Unido frente a las tareas de exploración de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas sin la autorización de las autoridades del Ejecutivo Nacional.

El secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, aseguró que “sólo la diplomacia, el coraje político y la negociación podrán resolver esta cuestión. Ni las armas ni las operaciones de inteligencia contribuirán”.

Frente a la acción judicial iniciada por Buenos Aires, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Philip Hammond, advirtió que la “Argentina debe detener este tipo de comportamiento y comenzar a actuar como un miembro responsable de la comunidad internacional”.

EL DERECHO DE LOS KELPERS

Para el funcionario, la actitud de Buenos Aires “es un ejemplo escandaloso de la intimidación y las amenazas contra el derecho de los habitantes de las Islas para desarrollar sus recursos económicos”.

Por su parte, en conferencia de prensa en la embajada argentina en Londres, Filmus resaltó que la Argentina “va a utilizar toda la fuerza del derecho nacional e internacional para evitar que los recursos argentinos sean expoliados”.

Remarcó que la Argentina “no representa una amenaza para el Reino Unido ni para los habitantes de las Islas”, al tiempo que reiteró que “la supuesta ‘amenaza” esgrimida por el gobierno británico es una excusa para justificar el incremento del gasto militar”.

La semana pasada, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Planificación interpusieron una demanda penal contra las empresas británicas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited y las estadounidenses Noble Energy Inc. y Edison International SpA.

Según Argentina, estas compañías integran un consorcio responsable de la contratación de una plataforma semisumergible que recientemente empezó a explorar en la cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros de las Islas, para perforar varios pozos.

“Vamos a aplicar todo el peso de la ley y el derecho internacional para evitar que se lleven la riqueza que pertenece a los 40 millones de argentinos”, advirtió Filmus, que hizo una visita de un día a Londres y sin entrevistarse con ningún funcionario británico.

BAJO LA JUSTICIA ARGENTINA

La denuncia, añadió el funcionario, fue presentada la semana pasada y será tramitada por el juzgado federal de Río Grande, por ser la jurisdicción que tiene la provincia de Tierra del Fuego sobre el territorio de las Islas Malvinas, reclamado por nuestro país desde 1833.

Según explicó, las leyes argentinas contemplan penas de entre 10 y 15 años para los responsables de extraer sin permiso de Argentina los recursos de la plataforma continental, donde están las Islas.

Al mismo tiempo, Filmus alertó del posible peligro ambiental que puede suponer la posible explotación del crudo.

“Lo decimos antes (de que ocurra) y esperamos que nunca pase. Es un lugar donde es muy difícil remediar la situación”, añadió el secretario de Estado sobre las consecuencias de un eventual vertido de crudo en aguas de las Islas.

Entre otras cosas, Filmus dijo además estar sorprendido por la decisión del Gobierno británico de David Cameron de reforzar la defensa de las islas porque -añadió- “de ninguna manera Argentina puede ser considerada como una amenaza”.

El pasado marzo, el Gobierno británico informó de que, tras un análisis sobre la capacidad defensiva de las Islas invertirá 180 millones de libras (248 millones de euros o 268 millones de dólares) en los próximos 10 años.