Rafecas pidió a la Metropolitana el material secuestrado en Hotesur

El juez federal Daniel Rafecas ordenó ayer a la Policía Metropolitana entregar toda la documentación digital que secuestró en los allanamientos que se hicieron hace unas semanas en Santa Cruz en el marco de la causa Hotesur, la investigación que salpica a los hoteles de la familia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Fuentes del caso confirmaron a Dyn que Rafecas envió un oficio a la Policía Metropolitana para entregar los soportes informáticos con la documentación que se había incautado en los allanamientos realizados en el sur, entre ellos la inmobiliaria de Máximo Kirchner.

Mientras, la documentación en papel ya había sido remitida directamente al juzgado de Rafecas, porque estaba siendo transportada vía terrestre desde Santa Cruz a Buenos Aires cuando la Sala I de la Cámara Federal dispuso el apartamiento del juez federal Claudio Bonadio del caso por presunta parcialidad.

Según se indicó, ahora Rafecas dispuso que los soportes informáticos -discos rígidos, DVD´s y pen drives- que la Policía Metropolitana había secuestrado fueran remitidos a la Prefectura.

Rafecas dispuso que los soportes informáticos que la Policía Metropolitana había secuestrado fueran remitidos ahora a la Prefectura

Hotesur, presidido por Romina Mercado -sobrina de la presidenta Cristina Fernández-, es la empresa que administra los hoteles que la familia Kirchner tienen en el sur del país.

En noviembre pasado, el juez Bonadio abrió una investigación para esclarecer si la compañía cometió irregularidades en la presentación de sus balances, por impulso de la diputada Margarita Stolbizer; y luego el fiscal Carlos Stornelli -que continúa en la causa- amplió la pesquisa al delito de lavado de dinero por el alquiler de las habitaciones en esos hoteles por parte del empresario Lázaro Báez.

El 12 de julio pasado, Bonadio dispuso una serie de diligencias en Santa Cruz para pedir información sobre 35 empresas, como bancos y firmas del contratista de obra pública Lázaro Báez, socio de la Presidenta, y ex administrador del Alto Calafate.

Como el procedimiento le fue ordenado a la Policía Metropolitana, el Gobierno vinculó a Bonadio con el jefe de Gobierno porteño y candidato presidencial Mauricio Macri, que ayer salió a denunciar al gobernador y precandidato presidencial del FpV, Daniel Scioli, de haber intervenido en la salida del juez (ver recuadro).

Tras esas diligencias, precisamente, la Sala I de la Cámara Federal dispuso de oficio separar a Bonadio de la causa por entender que había perdido la imparcialidad y anuló unos peritajes a pedido de la defensa.

SE ESPERAN DEFINICIONES TRAS LA FERIA

La causa pasó a manos del juez Rafecas quien, a partir del lunes próximo, cuando se reanude la actividad judicial tras la feria de invierno deberá resolver si la nulidad fijada por la Cámara Federal implica también que queden en la nada los allanamientos que se hicieron el sur y que se devuelva el material secuestrado allí.

Rafecas es el juez que desestimó la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentada por el fallecido fiscal federal Alberto Nisman, a raíz de la firma del memorándum de entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA.

El Consejo de la Magistratura descartó este año varias denuncias contra Rafecas, entre ellas por el caso Ciccone y por la causa del pago de sobornos en el Senado durante la presidencia de Fernando de la Rúa.

Bonadio fue apartado por los votos de los camaristas Eduardo Freiler -tiene un pedido en el Consejo de la Magistratura por sus declaraciones juradas tras una denuncia de integrar una sociedad comercial- y Jorge Ballestero, con la disidencia de Eduardo Farah.