Ratifican que causa "Hotesur" continúa en Capital

La Cámara Federal porteña confirmó hoy que el juez Daniel Rafecas debe instruir la causa "Hotesur"  por presunto lavado de dinero en los emprendimientos hoteleros de la familia de la presidenta Cristina Fernández, pero le ordenó al  magistrado que especifique los hechos que se están investigando  porque, a su criterio, no están precisados.    

Fuentes judiciales informaron a DyN que la Sala I de la Cámara  rechazó los pedidos de las defensas de Romina Mercado, presidenta  de "Hotesur" y sobrina de la Presidenta; de Osvaldo Sanfelice,  socio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria de Río Gallegos, y de  Antonio Ramos, presidente de Credisol, para que el expediente pase a  la Justicia federal de Santa Cruz.    

Pero a la vez en el fallo se advirtió sobre la "incertidumbre  reinante" acerca de los "límites del objeto procesal" y la "ausencia de una hipótesis delictiva concreta", por lo que puede haber  riesgo de una 'excursión de pesca' en los tribunales (intentos hasta  azarosos para promover una investigación) "inaceptable en un  Estado de Derecho".    

Expresiones similares sobre la "excursión de pesca" usó la  Cámara cuando desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra  la Presidenta por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA y  al anular una investigación del juez Norberto Oyarbide en una  causa por presunto lavado de dinero en el fútbol local.    

Este es el tercer fallo que rechaza que la causa "Hotesur" sea  derivada a la provincia de los Kirchner: lo había resuelto el  juez Claudio Bonadio antes que lo apartaran del expediente y, a mediados de agosto, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que no  hizo lugar a un planteo del empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez.    

Los voceros señalaron que la resolución no podría ser apelada  a la Cámara Federal de Casación Penal, pero en el caso de que las  defensas lo intenten intervendrá la Sala I del tribunal, que tiene  una composición afín al Gobierno.    Esa Sala está integrada por los conjueces Norberto Frontini y  Roberto Boico, designados por la mayoría kirchnerista del Consejo  de la Magistratura de la Nación, y por la magistrada Ana María  Figueroa.    

En la causa "Hotesur" se investiga si en los emprendimientos  hoteleros de la familia presidencial hubo lavado de dinero al  recibir millones de pesos de las empresas de Báez, el histórico  contratista de la obra pública de Santa Cruz, por el alquiler de  habitaciones que nunca fueron ocupadas.    

El juez Bonadio realizó a mediados de julio pasado cerca de 40  procedimientos judiciales en varios sitios de esa provincia en  busca de documentación, entre ellos la inmobiliaria de Máximo  Kirchner y en los hoteles "Alto Calafate" y "Los Sauces", y tres días  después fue apartado por la Sala I de la Cámara Federal por  supuestamente violar la garantía de defensa de los acusados, y en su lugar  quedó Rafecas.    

Las defensas pidieron que la causa se tramite en la Justicia  de Santa Cruz por entender que los hoteles y las empresas  investigados están en el sur del país y allí se habrían realizado los  contratos que dieron lugar a la causa penal.    

El juez Eduardo Farah señaló que por los "interrogantes" de la  causa -la real o ficticia ocupación o utilización de los  servicios hoteleros, los pagos realizados y el modo en que fueron  contabilizados, qué obra pública nacional le fue adjudicada a Báez o a sus  empresas a él vinculadas, la relación entre las adjudicaciones y  los contratos de hotelería y qué funcionarios públicos habrían  intervenido- "no puede desarrollarse en otro lugar más que en esta  ciudad".    

El juez señaló que en Capital Federal "sería donde -en la  hipótesis promovida por el Fiscal- los supuestos acuerdos espurios  habrían tenido lugar, y en donde, en definitiva, habría comenzado el  circuito dinerario que recién se clausuraría en Santa Cruz".    

Por su parte, los magistrados Jorge Ballestero y Eduardo  Freiler señalaron que la causa debe continuar a cargo de Rafecas que se  determine cuál es el objeto que se investiga, ya que entendieron  que el fiscal Carlos Stornelli no lo precisó cuando inició el  expediente.    

"¿Es posible establecer a quien corresponderá el desarrollo de  una investigación cuando a este tiempo aún no se comprende con  claridad qué es lo que debe investigarse?", se preguntó Ballestero,  y dijo que Rafecas debe "superar las deficiencias" de la  investigación "a fin de contar con una plataforma fáctica lo  suficientemente sólida que permita inaugurar, con expectativa de éxito, una  discusión como la aquí propuesta".    

En tanto, para Freiler hay una "incertidumbre reinante en este  sumario en relación con los límites del objeto procesal" y una  "ausencia de una hipótesis delictiva concreta". Alertó que "lo  expuesto hasta aquí genera el riesgo de que la pesquisa se transforme  en lo que se ha denominado 'una excursión de pesca', inaceptable en  un Estado de Derecho".