Ya es ley la reforma del Servicio de Inteligencia

El kirchnerismo aprobó ayer en plena madrugada y convirtió en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que promueve la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) y crea en su reemplazo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pese a las fuertes críticas de la oposición y que constituyó la principal reacción del Poder Ejecutivo tras la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Tras más de seis horas y media de debate, la propuesta fue aprobada por 131 votos afirmativos y 71 negativos en el marco de una sesión especial convocada por el oficialismo.

“DEMOCRATIZACION”

La miembro informante por el Frente para la Victoria (FpV), Diana Conti, garantizó que la nueva Agencia de Inteligencia “va a quedar subordinada totalmente al poder político y al Poder Judicial, cuando corresponda” y enfatizó que con este proyecto del oficialismo apunta a “democratizar” los servicios de inteligencia.

Asimismo, la ultrakirchnerista justificó la decisión de transferir las escuchas telefónicas de la Secretaría de Inteligencia a la órbita de la Procuración General de la Nación -uno de los puntos más criticados por la oposición- porque “se le saca la tarea fundamental para que el contubernio entre los agentes y el Poder Judicial pueda existir”.

Conti aseguró que “la disolución de la Side no significa el paso automático de los agentes a la nueva agencia”, y anticipó que “pueden producirse distintos tipos de purgas”, “jubilaciones extraordinarias” y “el apartamiento de agentes”.

Por su parte, la diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) cuestionó el proyecto oficial y consideró que, si se quiere “transparentar, eliminemos” el organismo de inteligencia, “pero no le demos más poder” al jefe del Ejército, César Milani, ni a Fernando Pocino, funcionario de la SI.

Por su parte, el diputado nacional por el radicalismo José Cano advirtió que la ley “no va a solucionar absolutamente nada”, al tiempo que planteó que para defender la postura del oficialismo “hay que colocarse un ropaje de gran fabulador”.

La nueva norma prohíbe a los servicios secretos realizar investigaciones criminales a menos que un juez lo autorice. También contempla que el presupuesto para inteligencia sea público y contemple la prisión de tres a 10 años e inhabilitación para los agentes que “indebidamente” intercepten o desvíen comunicaciones e información.