Carreras de galgos: un extraño mundo detrás del “negocio” y la prohibición

“Cuando encontramos a Rosita, estaba muriéndose de sed. La habían dejado porque ya no servía para correr, porque se había quebrado. Llevó casi seis meses ponerla en condiciones. La perra vivió un año más y falleció por los tumores que tenía. Ahí me explicaron que es por los analógicos que les inyectan y un montón de cosas, para que corran más rápido”, contó la legisladora Adriana Nazario (del Bloque UNA y actual pareja de José Manuel de la Sota) en medio de la sesión de la Cámara de Diputados, en la que se debatía la prohibición de las carreras.

“El Rubio era un perro precioso, bueno, grande. Increíble la fuerza que tenía. Deambulaba por las calles, abandonado. Lo buscamos y lo atendimos. Vivió también un año. Los ojos de esos animales a mí no se me borran más. Era el sufrimiento vivo, se estaban muriendo. Ahí me comencé a interiorizar de lo que pasaba con los galgos”, siguió Nazario y finalizó su exposición con un pedido de apoyo para aprobar la medida.

Con 132 votos a favor, 17 en contra y 23 abstenciones el parlamento aprobó el pasado miércoles la prohibición de las carreras de perros, cualquiera sea la raza. La validez de la norma se extiende a todo el país. La ley establece penas de hasta cuatro años de cárcel para quienes organicen o participen de estos eventos y también multas de hasta 80 mil pesos.

“Ustedes entre dar empleo y quedar bien con los artistas que defienden a los animalitos, están con el plástico... Yo, y quienes me quieran acompañar, voy a votar que no aunque me linchen en la calle”

Se estima que en el país existen 196 canódromos (pistas para perros) y más de un millón de galgueros (así se llama a los que participan de las carreras).

Según datos de la Asociación Galguera Platense (que había iniciado actos para legalizar tanto la caza con Galgos como las carreras), sólo en la provincia de Buenos Aires estos eventos movían unos 500 millones de pesos en concepto de apuestas.

Además del dinero que circulaba en cada evento, también habían personas dedicadas exclusivamente a la actividad, o que encontraban en ella un “ingreso extra” a través de la cría de perros, el entrenamiento o de los productos asociados.

En este sentido, la diputada Diana Conti (del Frente para la Victoria) acusó de fascista a la ley bajo el argumento de que criminaliza “a quienes encuentran un trabajo digno” en este tipo de actividad.

“Ustedes entre dar empleo y quedar bien con los artistas que defienden a los animalitos, están con el plástico, son de plástico y porque son de plástico, yo y quienes me quieran acompañar, voy a votar que no aunque me linchen en la calle”, dijo Conti, y agregó: “Culturalmente el galgo está instalado en la idiosincrasia, no de la Capital Federal de los porteñitos que miran mucho TN (Todo Noticias), está instalado en la cultura popular”.

El tema generó discusiones dentro de todos los bloques. De hecho la diputada Conti aclaró que su postura no representaba a todo el Frente para la Victoria.

La situación legal de las carreras antes de la ley

Antes de esta última resolución, las carreras de perros estaban prohibidas por la Ley provincial 12.449, con excepción de las que se realizasen en canódromos habilitados.

El problema para los galgueros era que el único canódromo habilitado (que funcionó en Villa Gesell) desde hace 18 años estaba cerrado. Por lo que las carreras se organizaban de manera clandestina.

También en la provincia de Santa Fe las carreras estaban prohibidas por ley. En el resto del país no existía regulación sobre el tema. Córdoba figura entre las provincias con mayor actividad “galguera”.

Desde hace tiempo, distintas organizaciones que defienden los derechos de los animales venían denunciando a los organizadores y participantes de estos eventos por presunto maltrato animal.

Los acusaban de inyectar a los Galgos cocaína líquida, arsénico, viagra, anfetaminas, esteroides y cafeína, entre otras sustancias para mejorar el rendimiento de los animales en la pista.

También denunciaban los métodos más comunes de entrenamiento: atarlos a autos o a motos y obligarlos a correr unos cinco kilómetros.

El supuesto traslado de los perros en baúles de los autos o las inyecciones que les aplicarían durante las carreras en caso de lesiones, para que no sientan dolor y sigan corriendo, serían otros puntos por los que los proteccionistas reclamaban la prohibición de este tipo de eventos. Como también la acusación de que abandonaban a los perros cuando, por algún motivo, no podían seguir corriendo.

Como contracara, los galgueros desmienten las acusaciones. Si bien no niegan que pudieron existir abusos sobre los animales por parte de algunos, plantean que no se puede generalizar y que con una regularización (que supondría la legalización de las carreras y la intervención del Estado) esos “casos aislados” desaparecerían.

Mientras se debatía el proyecto de ley, en la puerta del Congreso se enfrentaron manifestantes que defendían la prohibición de las carreras y otros (los galgueros) que repudiaban esa medida. La Infantería dividió a los dos bandos para impedir que los enfrentamientos fueran más allá de los insultos, empujones y discusiones a los gritos, que parecían inevitables.

“Bregamos por el bienestar animal. Pero el camino no es la prohibición, sino la regularización de las carreras para tener controles. Si no, todo esto se va a la clandestinidad. El turf no tiene esta campaña tendenciosa, la prohibición es defendida por personas de Capital que se creen veterinarios y no han salido de estas torres”, dijo un veterinario que acompañaba a los galgueros.

Finalmente, el Congreso Nacional le puso fin a la discusión y declaró la ilegalidad de las carreras de perros en todo el territorio nacional.