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Mariano Lovelli expresó que en la Audiencia Pública no vinculante para definir las tarifas del servicio eléctrico, que se llevará adelante mañana viernes, el gobierno nacional se presentará con un planteo ilegal debido a que quiere negociar el precio de la luz en base a dos resoluciones que se encuentran impugnadas judicialmente desde principios de año cuando se anunciaron los nuevos costos. Precisó que "cualquier resultado que salga de la audiencia va a ser considerado nulo debido a que el origen es nulo"
"Ya tenemos la resolución de la Corte de que no se pueden modificar las tarifas de servicios públicos en todo el país si no hay antes una audiencia pública. Mañana asistiremos a esta reunión en la que el Estado Nacional intentará llevar adelante una actualización de las tarifas tomando como base las resoluciones que detallan los aumentos establecidos a principios de año" adelantó el titular del CEPIS
Añadió en la misma línea que "actualmente esas resoluciones, (6 y 7) se encuentra impugnadas judicialmente por lo que evaluó que "quieren hacer un aumento de un aumento". Señaló que para el CEPIS "esta acción es considerada ilegal debido a que al estar impugnadas las resoluciones, la decisión administrativa que se tome también será ilegal".
Señaló que pese a las distintas especulaciones que se pueden hacer intentando determinar por qué la audiencia por la luz se ha quitado de la agenda se puede advertir que "hay una clara necesidad del gobierno de salir rápidamente del esquema de servicios públicos ya que en este ámbito se constituye la principal derrota de la actual gestión en términos políticos".
Precisó además que el poco interés que hay por esta audiencia se debe en parte a que en este caso no ha habido una sentencia de la Corte que haya tenido la magnitud que tuvo la decisión del máximo organismo judicial de la Argentina para el caso del tarifazo en el gas.
En diálogo con JUSTICIA EN PRIMERA, el ciclo radial que se emite todos los jueves desde las 9.000 por LA REDONDA 100.3, apuntó también que el otro tema que suma complejidad a la cuestión es que, a diferencia del gas, el caso de la energía eléctrica tiene una doble jurisdicción, es decir tiene un componente provincial y otro nacional.
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