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Ya está en marcha un proceso de “revisión integral” de las tarifas vigentes, con miras a aplicarse en 2017
Después de meses de marchas y contramarchas, que incluyeron abundantes capítulos judiciales, los aumentos en los servicios quedaron firmes recién a inicios del mes pasado. Sin embargo, la danza de los porcentajes ya volvió a comenzar: las distribuidoras eléctricas metropolitanas pidieron para 2017 aumentos del orden del treinta por ciento, y en nuestro medio, la empresa Edelap remitió a la Provincia documentación con miras a obtener una “revisión integral” del cuadro tarifario vigente.
Si bien, a diferencia de lo que ocurre con Edenor y Edesur, no se adelantan cifras concretas ni estimadas, en la firma que distribuye el fluido eléctrico en la Región admiten que “estamos cumpliendo con los requerimientos de información solicitados oportunamente por las autoridades provinciales, para realizar una revisión integral de las tarifas”.
Los voceros aclararon que ese proceso de cálculo de costos y rentabilidades encarado por los funcionarios bonaerenses “no sólo involucra a Edelap sino a todas las otras distribuidoras provinciales; el futuro cuadro tarifario se definirá en función de ese análisis en curso”.
“Estamos cumpliendo con los requerimientos de información de la Provincia para realizar una revisión integral de las tarifas”.
El impacto de las subas en el área metropolitana -capital federal y Gran Buenos Aires- será puesto a consideración pública en una audiencia que tendrá lugar este viernes. Tanto Edenor como Edesur pidieron al ente regulador del rubro (ENRE) que los porcentajes sean ligeramente superiores al treinta por ciento, lo que para los usuarios se traduciría en aumentos aún mayores, dado el agregado de diversos impuestos, costos de transporte y generación.
A cambio, prometen invertir en el mejoramiento de las prestaciones, con obras para modernizar las redes que permitirían reducir en un cincuenta por ciento la cantidad de horas de apagones que cada usuario padece en el año, particularmente en las temporadas estivales y las jornadas más frías de cada invierno.
Los nuevos números llegarían a las boletas el primer día de febrero del año próximo, después de que el gobierno nacional determine si accede a las peticiones empresariales y en qué grado. La Provincia está embarcada en un proceso similar.
La primera actualización de las tarifas eléctricas en varios años tuvo lugar en febrero pasado, a partir de la quita de subsidios estatales; sucesivas medidas cautelares judiciales y polémicas con asociaciones defensoras de usuarios y consumidores volvieron todo a foja cero, y hubo que esperar que la Corte Suprema de la Nación se expidiera acerca de los amparos concedidos por magistrados de otros estamentos para dirimir la discusión.
Finalmente, la suba quedó firme en los primeros días de septiembre, y tras esa resolución todas las distribuidoras eléctricas de la Provincia quedaron habilitadas para enviar boletas con aumentos que rondan entre el 140 y el 170 por ciento.
El fallo del alto tribunal confirmó la potestad del gobierno para implementar las subas bajo determinadas condiciones, entre ellas el otorgamiento de los beneficios de la “tarifa social” para 380 mil bonaerenses, cifra equivalente a uno de cada cinco de los usuarios residenciales de la Provincia, de los que unos 51 mil viven en nuestra región.
A este subsidio pueden acceder jubilados o pensionados por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional; personas en relación de dependencia que perciban sueldos brutos menores o iguales a dos mínimos vitales y móviles; o aquellos que son titulares de programas de asistencia social, entre varias otras posibilidades.
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