Corredores escolares seguros, un plan que quedó a medio camino

En septiembre de 2014, las autoridades municipales de entonces anticiparon la creación de corredores seguros en las inmediaciones de veinte escuelas de la Ciudad. La iniciativa fue una herramienta pensada para la prevención ciudadana y con la finalidad de reforzar las medidas de seguridad. El proyecto contemplaba la instalación de botones antipánico y la incorporación de la Policía en los horarios de ingreso y egreso de los alumnos a clases. No obstante el anuncio, ese programa nunca se terminó de implementar.

Por la época en que se planteó la instrumentación de la medida que finalmente no se puso en práctica los ataques, tanto a las personas como a los edificios escolares, ponían en jaque la seguridad de comunidades en la que estaban en juego, entre otros, menores de edad.

En ese contexto, en la zona de 81 entre 8 y 9 los vecinos, por caso, se había movilizado para pedir medidas de seguridad contra la delincuencia.

Como se recordará, la comunidad educativa del colegio Santa María de los Angeles, situado en esa cuadra de Villa Elvira, conformó una comisión de seguimiento de la seguridad de la zona porque en la puerta del establecimiento habían baleado al padre de un alumno que quiso evitar el asalto a la madre de un nene de primer grado que había ido a la escuela a buscar a su hijo.

Pero, como en otros barrios de la Ciudad, ese no fue el único robo que se registró. En ese contexto, se pensó que los corredores de seguridad podían desalentar los ataques a las escuelas.

Al adelantar la implementación del plan de defensa de la inseguridad, se presentó a los “corredores seguros” como un sistema de articulación de distintos soportes tecnológicos, como el botón antipánico y el circuito de cámaras conectadas directamente con el Centro de Monitoreo Urbano (MOPU).

Algunos tímidos pasos se dieron respecto al programa, pero no pasaron de ser instancias en las que se avanzaba con la instalación de las cámaras en los alrededores de los establecimientos educativos pero sin consolidar de manera efectiva el sistema con el seguimiento riguroso que la problemática exigía.

Otro intento y fueron...

Al año siguiente, hubo un nuevo intento de llevar adelante la iniciativa. Habían colocado 25 cámaras y se volvió a hablar de controlar la delincuencia a partir de la instalación de esos dispositivos de video en las inmediaciones de las escuelas. Para entonces, se habían incorporado al programa instituciones educativas de Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Villa Castells y Barrio Hipódromo. En esa oportunidad también, la intención no pasó de ahí.