Libran batalla judicial por escuelas “inaccesibles” para discapacitados

La cartera educativa bonaerense deberá hacer frente a una demanda judicial por “no cumplir con la ley”. La ONG Acceso Ya con el patrocinio de la Clínica de Derechos Humanos y Discapacidad, un programa de extensión de la facultad de Derecho de la UNLP, promoverá una acción contenciosa administrativa contra el gobierno provincial y la dirección general de Cultura y Educación porque “la mayoría de las escuelas en la ciudad de La Plata, tanto de gestión pública como privada, son inaccesibles para las personas con discapacidad debido a las múltiples barreras físicas que presentan”.

La demanda, a la que tuvo acceso este diario y que consta de 48 páginas, dice que “dichas barreras constituyen una de las causas centrales de la exclusión social de niños y niñas con discapacidad de su derecho a la educación inclusiva”, reconocido “vigorosamente” en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -que a fines del 2014 tomó rango constitucional- y en la ley provincial 10.592 de 1987. Esa omisión estructural configura “un verdadero estado de cosas inconstitucional”.

El director del programa de extensión de Derecho, José María Martocci, resaltó que “para revertir la situación general en La Plata, donde hemos comprobado incumplimientos casi totales, se solicita a la Justicia que ordene a la dirección general de Educación que cese en su omisión ordenando implementar un plan de accesibilidad a las escuelas públicas y privadas, destinando los recursos presupuestarios suficientes al efecto”.

Hizo hincapié en que “todos los chicos deben ir a escuelas comunes, así lo marca la ley”, y que los nuevos edificios “tienen que pensarse con un diseño universal para no provocar discriminación negativa, esto es, que las entradas y los desniveles internos no consten de una escalera y rampas, sino que sean rampas para todos. Son dos temas que incluye la demanda”, puntualizó.

En cuanto al trabajo de campo que acompaña el escrito judicial, que será presentado ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2, evidencia “un panorama poco alentador: un altísimo porcentaje de incumplimiento normativo en lo referente a supresión de barreras y accesibilidad al medio físico”.

numeros “no accesibles”

De los poco más de 400 establecimientos educativos que funcionan en la Ciudad, esto es jardines, escuelas primarias y secundarias públicas y privadas, comunes y especiales, se hizo un muestreo de 154 centros, es decir, más de un tercio del total.

“Los resultados son abrumadores: sólo un 1% de los establecimientos educativos es accesible, un 84% es inaccesible, y un 15% no pudo determinarse ya que las autoridades de las escuelas, pese a tener permiso firmado por la Inspectora Jefe Distrital de La Plata, se negaron a permitir el acceso al edificio”, se detalla en la demanda.

La letra de la ley se asemeja mucho a un panorama ideal que, en la práctica, no se halla en casi ningún edificio.

Por caso, el decreto 1.149 de 1990 que reglamenta ciertos artículos de la ley 10.592/87, detalla hasta con centímetros y porcentajes cómo deben ser las puertas de ingreso a las escuelas, las rampas externas e internas, los sanitarios, el ascensor (mínimo uno por colegio), entre decenas de indicaciones. “Lo que tampoco ayuda es el presupuesto que se destina a infraestructura general, que es el renglón que incluye las obras de accesibilidad, partida que ha ido decreciendo en la Provincia”, resaltó Martocci.

“cero coma”

En el rubro gastos de capital del presupuesto educativo 2015 (ver nota aparte), dentro de lo que quedarían comprendidos los gastos destinados a infraestructura y obra pública, sólo se destina un 0,76%. “Estos datos indican que se destina 16 veces más presupuesto en transferencias a colegios privados que a infraestructura de establecimientos educativos públicos”, remata.