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Los vehículos arrumbados siguen generando suciedad y reclamos en los diferentes barrios de la Ciudad
Son parte del paisaje urbano desde hace décadas, pero están cada vez más presentes. Su pasado genera curiosidad, y su futuro es incierto. Su presente es más claro: provoca quejas, enojos y reclamos vecinales. Los coches arrumbados en las inmediaciones de las comisarías platenses ganan terreno, bloquean plazas para estacionamiento, juntan basura y nadie atina a dar respuesta a una problemática que parece superar los tibios intentos de las autoridades para encauzarla.
“Hace años que estamos juntando mugre; hace poco llegaron dos autos nuevos, y se llevan alguno cada muerte de obispo, así que vamos para atrás en vez de mejorar” explica Juan Oroná, de 5 entre 59 y 60: “el barrido no se puede hacer, la boca de tormenta se tapa, y la gente tira bolsas de basura adentro de los chasis”.
“Sobre 59 hay un Clío que lleva dos temporadas desarmándose a la intemperie; a metros, hay un Bora quemado” precisa el vecino: “ya son como quince autos tirados por todas partes; eso sí, la Novena tiene un sector ‘reservado’ para los móviles policiales, que es intocable, la chatarra se la dejan a los demás”.
Oroná vive a metros de la comisaría 9a, de 5 y 59, pero su relato es el de muchos en el casco histórico que tienen sus hogares cerca de dependencias policiales.
Quienes viven cerca de las secciónales 4a -diagonal 73 entre 41 y 42-, 2a, situada en 38 entre plaza Olazábal y8-, y 5a -diagonal 74 entre 23 y 24- describen panoramas semejantes.
En las comisarías afirman conocer bien las inquietudes vecinales, y padecer las “molestias operativas” que causan los “purgatorios” de autos, pero que no tienen más recursos mano que “enviar notas y esperar soluciones”.
Históricamente, el acopio y la eventual disposición final de estos rodados, interdictos por la Justicia, involucrados en accidentes y causas de todo tipo, estuvo a cargo de la Fiscalía de Estado bonaerense.
Sin embargo, años atrás las cosas cambiaron. Desde ese organismo constitucional aclaran que “en 2007 se dispuso una reforma legal que restringió nuestra participación en los casos de coches involucrados en causas penales. Desde entonces, sólo se reciben autos en condición de rodar y con numeración original, lo que implicó una reducción al 1 por ciento del volumen de vehículos que se recibía antes de dicha reforma. Ya no tenemos injerencia alguna sobre lo que pase con el 99 por ciento restante”.
“La Fiscalía de Estado cuenta actualmente con un solo depósito techado en la localidad de Gorina” indicaron los voceros, “al que llegan de toda la Provincia sólo los autos con las condiciones antes mencionadas, que luego son rematados generando ingresos para el Estado”.
Ahora, la responsabilidad de la compactación de los autos con causas penales está en manos de la Secretaría General de Gobernación. En Fiscalía añaden que “la remoción de las unidades le corresponde a la policía a partir de una orden del juez a cargo, en cada caso”.
En 2007, la sanción de la ley provincial 13.434 marcó pautas para la gestión de los coches “judicializados” y buscó mostrar el camino para erradicar los cementerios de autos. Meses después, se anunció que avanzaba el proceso licitatorio para iniciar las compactaciones masivas, pero éstas no se concretaron y los vehículos siguen en la calle o en depósitos fiscales.
La norma, luego actualizada y reglamentada por las leyes 13.727 y 14.207, establece en su artículo 33° que “en todos los casos de secuestro o hallazgo restos de vehículos que se consideren chatarra y de vehículos que por su estado no se consideren aptos para rodar”, se dispondrá “su remisión a la Secretaría General de Gobernación, Dirección de Automotores y Embarcaciones Oficiales, para ser compactados o sometidos a proceso de destrucción similar”.
Desde la secretaría de Gobernación se explicó que “la custodia de los vehículos mientras se desarrollan los procesos judiciales la tiene el ministerio de Seguridad, que en muchos casos coordina con los municipios lugares de acopio transitorio”.
Los voceros añadieron que “es la Justicia, a partir de una base de datos detallada que confecciona Seguridad, la que libera el coche para su destrucción, y en esa instancia es cuando entra en acción esta Secretaría, que realiza periódicamente las compactaciones requeridas”.
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