Por los aumentos de luz, gas y agua encienden alarmas en las clínicas

Los centros de salud de gestión privada se suman a las quejas por los drásticos aumentos en las boletas de luz, gas y agua. Desde la Federación de Clínicas de Buenos Aires (Fecliba) se aseguró ayer que de no otorgárseles una “tarifa social”, muchos establecimientos deberán cerrar sus puertas, “poniendo en riesgo la salud de los habitantes de la Provincia”.

Las subas, que en algunos casos superan el 400 por ciento respecto de fines del año pasado, jaquean finanzas que se describen como “precarias”.

“A fines de 2015, los aranceles del sector sanatorial privado ya no alcanzaban a cubrir los costos, con cobros a 60 y 90 días” recuerda Héctor Salvador Vazzano, presidente de Fecliba: “si a esto le agregamos el desmesurado ajuste en las tarifas de insumos que son básicos para su funcionamiento, como agua, luz, gas, está claro que la situación es insostenible”.

“El aumento en los gastos operativos es impactante” ejemplifica Raúl Tassi, titular del Instituto Médico Platense: “nosotros pasamos de pagar 45 mil pesos de luz a 70 mil, y luego a 180 mil, en cuestión de meses”. Vazzano considera que “a nadie se le ocurriría que una clínica puede ahorrar en rubros que son esenciales para mantener la tecnología aplicada al mantenimiento y la curación de las patologías”.

“Sabemos que la salud pública está en crisis” advierten en Fecliba: “si nuestro sector cae y hay cierres, ¿quién atenderá a la población?”

Las empresas sanitarias destacan que también subieron los insumos que hacen a su parte “hotelera” -ropa de cama, mobiliario, alimentos-, y el material descartable importado que utilizan.

CRISIS DE FINANCIAMIENTO

“Todavía falta cerrar las paritarias de los trabajadores del sector, que deben recibir sus aumentos a partir de julio” adelantó Vazzano, “lo que sin lugar a dudas es justo pero terminará por desfinanciar a muchos establecimientos, forzándolos a cerrar”.

De acuerdo con sus estadísticas, los prestadores privados de salud atienden a la mitad de los pacientes que desarrollan patologías agudas en la Provincia; en muchas zonas, son la única opción.

“Sabemos que la salud pública está en crisis” aclaró Vazzano: “si nuestro sector cae y hay cierres, ¿quién atenderá a la población? Nosotros asistimos en un 90 por ciento a la seguridad social, IOMA, PAMI y todas las mutuales nacionales; muchas veces se nos confunde con las prepagas, pero si bien se asisten los afiliados de varias de ellas en nuestros sanatorios, no contamos con el mismo nivel de recursos y debemos tener abiertas las puertas las veinticuatro horas, todos los días del año”.

Las clínicas advierten que “no recibimos ningún subsidio o beneficio de esa índole, lo que hace inviable afrontar los aumentos y seguir atendiendo”.

“Apelamos a las autoridades Provinciales y Nacionales para que nos atiendan, y se nos considere dentro de aquellos que deben recibir una ‘tarifa social’” expresó el titular de la entidad que nuclea a los sanatorios: “no sería deseable que el salvataje llegara tarde y luego se llorara sobre la pérdida de un recurso fundamental para mantener la salud de los bonaerenses”.

FRENO JUDICIAL

En Fecliba citan sendos fallos judiciales que hicieron punta a la hora de poner freno a los “tarifazos”.

Uno de ellos es el dictado por el juez federal de Azul Martín Bava, en el pedido de amparo que inició el Sanatorio Azul contra el Estado Nacional, el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) y la cooperativa eléctrica de la ciudad del centro bonaerense.

El magistrado dispuso decretar, por el término de seis meses, la suspensión del cobro de los aumentos ; prohibió que se cortara el servicio aduciendo falta de pago; y ordenó una refacturación, tomando como referencia el cuadro tarifario anteriormente vigente.

Bava sostuvo, además, que la modificación de los precios debió ser puesta a consideración de los usuarios mediante una audiencia pública. Y advirtió que “dado que en Azul existen sólo cuatro centros asistenciales”, exigir los pagos abultados “podría provocar la falta de prestación de servicios, tornando dificultoso a los demás absorber las contingencias que se pudieran presentar”.

El otro fallo del que se toma la dirigencia de Fecliba -si bien aclara que “de igual modo necesitamos una solución de fondo más allá de lo judicial para no desaparecer”-, es el redactado por la jueza federal de San Martín, Martina Forns, que benefició al hospital privado “Nuestra Señora de la Merced”, de Tres de Febrero.

Forns recapituló que las tarifas de energía eléctrica y gas llegaron con aumentos de “entre 400 por ciento y 2.500 por ciento” y sentencio que “no resulta razonable que un ciudadano o empresario se encuentren, de la noche a la mañana, con que sus costos se han multiplicado por cinco, seis o más veces”.

La profesional, que también mencionó como requisito la convocatoria a una audiencia pública antes de redefinir tarifas, concluyó que “el ajuste fue “desproporcionado y no gradual, atentando contra todas las reglas de la razonabilidad”.