Usurpaciones en la periferia: viaje a un “negocio” que lucra con la desesperación

A mediados del mes pasado, un profesional platense de mediana edad amaneció con una mala noticia: sus terrenos de Melchor Romero habían sido usurpados. Dolido pero no resignado, formuló la denuncia correspondiente y esperó la entrada en acción de la Justicia. Hasta ese momento, su experiencia era similar a la de decenas de propietarios de solares inhabitados en la periferia del casco urbano local, que conviven con la espada de Damocles de las tomas intempestivas hasta que cae sobre sus cabezas. Pero menuda sorpresa se llevó horas después; la bronca mutó en indignación cuando descubrió que sus lotes estaban siendo ofrecidos en venta en diferentes redes sociales.

Días después, vecinos de Villa Elvira salieron a denunciar un modus operandi idéntico -subdivisión y venta ilegal- en la toma que se desarrolló en 92 y 116. Y luego, encabezados por el titular de las parcelas, se movilizaron a las fiscalías platenses para entregar un petitorio. “Hay tres bandos que se repartieron las tierras, las demarcaron y las están vendiendo” explicó el damnificado: “por una superficie de unos 200 metros cuadrados, diez de frente y veinte de fondo, se piden diez mil pesos, y los potenciales compradores no son necesitados, sino que suelen llegar en autos de alta gama”.

En el gobiernonacional consideraron que este tipo de tomas de tierras “responden a dos componentes: el déficit habitacional, y mafias que especulan con esta necesidad de la gente”.

En la ocupación romerense, entre 159, 161, 523 y 524, los recién llegados también se manejaron con varios vehículos de apoyo, en sintonía con lo que se viene observando con frecuencia cada vez mayor desde hace una década: después del primer “desembarco”, que suele incluir a mujeres y niños, llegan al lugar elegido camiones con materiales para montar casillas precarias, y herramientas para desmalezar y delimitar. En este caso, fueron incluso más allá: intentaron abrir caminos internos con maquinaria vial pesada.

“Parece una broma de mal gusto para quienes dicen ser gente desesperada por un techo; la apertura de calles no es un gasto menor” advirtió uno de los propietarios del área usurpada: “este despliegue pone claramente de manifiesto que se trata de una organización delictiva que tiene como fin comercializar los lotes, lo que queda corroborado por su oferta en Internet”.

Además de Romero, Villa Elvira, Los Hornos y Altos de San Lorenzo están entre las localidades más castigadas por el reciente recrudecimiento de las tomas, que tuvo su puntapié inicial hace más de un año con el conflicto de Abasto -ver aparte-. De acuerdo con diferentes estimaciones, basadas en datos del censo más reciente y relevamientos de ONGs como la Fundación Techo, en la periferia platense existen unos 130 asentamientos, con una población de alrededor de 150 mil personas. Se trata de una realidad dinámica; los números cambian mes a mes pero la tendencia, al cabo de cada temporada, es siempre alcista.

NACEN DE USURPACIONES

La mayoría de estos barrios surgió a partir de la usurpación de lotes, en ocasiones fiscales (ramales ferroviarios y márgenes de arroyos) o de empresas en quiebra (fábricas desmanteladas, inversiones inmobiliarias truncas), pero en su amplia mayoría de particulares. Los funcionarios de las oficinas de Tierra y Vivienda municipales y provinciales consignan que “hace mucho que no quedan virtualmente terrenos fiscales ociosos en la Región”.

“Cuando nos llega un reclamo por parte de un vecino o propietario acerca de la usurpación de un terreno, tomamos nota y enviamos a nuestros inspectores”, explica Augusto Sciarreta, director de Tierras local: “una vez en el lugar, se realiza un relevamiento y se labra un acta describiendo la situación -cuántas personas y familias hay, de qué nacionalidad son, si hay o no viviendas y qué tipo, y la antigüedad de la toma, entre otras cuestiones- para sustanciar un expediente que queda a disposición de la Justicia”.

El funcionario también se refirió a las limitaciones que enfrenta la Comuna frente a hechos de este tipo: “si el terreno es público, podemos hacer la denuncia, pero si se trata de tierras privadas, no tenemos mayor injerencia”.

Meses antes de asumir, las actuales autoridades municipales anticiparon que se estaba elaborando “una política específica” que apuntaría a “frenar” las intrusiones, y en última instancia con el municipio como una suerte de gestor o mediador entre los propietarios legítimos y los ocupantes, proponiendo planes de pago a largo plazo y convenios homologados. “Muchos dueños de lotes usurpados accederían a vender, pero no hay nadie que garantice la operación” señalaron entonces los portavoces.

UN PROCESO ARDUO

Requerir y lograr un desalojo puede resultar arduo, aún para los propietarios que tienen todos sus papeles en regla. El damnificado, con un breve escrito, puede presentarse en la fiscalía de turno pidiendo un “desalojo preventivo”. El fiscal eleva la solicitud al juez y éste, si decide que es dable proceder, inicia el protocolo vigente al respecto, que tiene como objetivo tratar de evitar la expulsión violenta de los ocupantes y proteger a los menores involucrados.

De tal manera, se da traslado de la causa a diferentes organismos, que tienen cinco días para dar vista y adoptar las medidas que crean necesarias, y luego recién se intima a los usurpadores a marcharse pacíficamente. Sólo se utiliza la fuerza pública si no quedas alternativas. Según señalan en Tribunales, los propietarios de las parcelas suelen obtener dictámenes favorables. Si las tierras llegaran a ser de dominio público provincial, la Policía debería actuar de oficio, y correspondería al Fiscal de Estado bonaerense tramitar su desalojo. Fuentes judiciales destacan que las denuncias que involucran lotes privados puede hacerlas cualquier vecino, pero no le cabe pedir su desalojo; en esos casos es la Justicia la que opta por ordenarlo o no.

El año pasado fue noticia el dictado de prisión preventiva a un empleado municipal platense acusado de fogonear una usurpación que se concretó, parcialmente, en Arturo Seguí. A instancias del fiscal Marcelo Romero, el juez Pablo Raele consideró acreditado que Miguel Angel Casco “instigó a un grupo indeterminado de personas a cometer el delito de usurpación” en relación con un predio ubicado en 154 y 415. Concretamente, a Casco se lo imputó por “instigación pública a cometer delitos en concurso ideal con incitación a la violencia colectiva, en concurso real con amenazas”.

Sin embargo, se trató de un caso aislado. En materia judicial, las acciones suelen agotarse cuando -eventualmente- se logra la expulsión de los usurpadores de las tierras tomadas. Es inusual que se los sancione, y mucho menos a los autores intelectuales, o a quienes incurren en las prácticas de toma y reventa. “Es muy difícil encontrar a los instigadores, porque no suelen estar presentes” explica Romero: “en el caso de Seguí, aparentemente la sensación de impunidad de que solía gozar esta persona no le permitió advertir que se exponía demasiado”.

El fiscal subraya que “cuando las tomas son masivas, nunca son improvisadas ni espontáneas; todos los detalles están planificados por punteros políticos con alguna información calificada, que no aparecen por el lugar sino envían personeros; cuando un terreno está en sucesión o conflicto, siempre alguien hace circular esa información, y allí apuntan. Además, se nota a simple vista si un lote está aparentemente abandonado o descuidado desde hace tiempo. Esta gente sin escrúpulos se vale de familias de bajísimos recursos para estafarla con fines económicos, y de paso generan caos, como herramienta para presionar y desestabilizar a las autoridades”.

UN SECTOR EN ALERTA

En la Cámara Inmobiliaria de la Provincia coinciden con este enfoque. Por medio de un comunicado, la entidad manifestó que “repudia enérgicamente las usurpaciones a manos de ‘vivillos’ de terrenos privados, en pacífico uso y explotación por sus propietarios y/o arrendadores”. El documento admite que “la Cámara y los miembros que la integran no desconocen la problemática relacionada con la legítima aspiración de todo ciudadano a acceder a una vivienda digna”, pero sentencia que “esa aspiración no puede violentar derechos de otros ciudadanos que también poseen legítimos intereses relacionados con su esfera personal, con su trabajo, la industria y el comercio”.

“Estamos verificando que por Olmos, Romero, Villa Elvira, Arana, pululan grupos perfectamente organizados que buscan beneficio económico o político vendiendo las tierras usurpadas o desestabilizando a las autoridades” precisa Marcelo Babenco, titular de la cámara que nuclea a los brokers de la Región: “no son necesitados, y llegan con camiones desde jurisdicciones aledañas o del Gran Buenos Aires; lógicamente, al poco tiempo se suman los vecinos que prefieren entrar en la movida y eventualmente ‘ligar’ algo del Estado antes de quedarse sin nada”.

“El municipio tiene buena predisposición pero es poco lo que puede hacer” concluye el dirigente: “la Justicia es la que tiene que ser dinámica y ponerse los pantalones largos. No puede naturalizarse que quienes han invertido en un proyecto y tienen sus propiedades en regla las pierdan a manos de estafadores y delincuentes”.