El sciolismo insiste en proyecto contra barras

El gobernador Daniel Scioli retomará la embestida para que el Congreso apruebe una ley específica sobre violencia en los espectáculos deportivos, que incluirá la tipificación del delito de barrabrava y establecerá penas de entre 1 a 6 años de prisión para quienes protagonicen hechos violentos en las canchas.

La medida es más abarcativa porque contempla penas similares para quienes revendan entradas e incluye a los dirigentes que faciliten esa actividad ilícita o financien el accionar de los violentos.

Así lo anticipó a este diario el secretario de Deportes de la Provincia, Alejandro Rodríguez, quien indicó que “hay dos proyectos que se están presentando: uno impulsado por Sergio Berni desde la secretaría de Seguridad y otro del diputado Julián Domínguez. En los dos casos están contemplados los dos artículos que proponemos, tipificar una figura delictiva que no está en ninguna ley y que entendemos que es una solución de fondo para el tema”.

“De esta forma se va a eliminar el efecto de la puerta giratoria porque la Justicia ahora está sin herramientas como para dejar presos a los barras una vez que son detenidos. El escándalo en la cancha de Boca en el partido con River es un ejemplo. Sólo se aplica la figura de lesiones leves y la pena, aún tomando en cuenta la ley De la Rúa, llega a 16 meses y cae dentro del régimen de excarcelación. Y así seguimos con el efecto de la puerta giratoria, porque se puede producir una detención pero salvo en el caso de homicidio, es muy difícil comprobar el tema de la asociación ilícita”, dijo Rodríguez.

EXCARCELACION

El secretario de Deportes señaló en ese sentido que como las penas irán de 1 a 6 años de prisión, los jueces “van a tener la posibilidad de dictar sentencia por fuera del régimen de excarcelación”. Y añadió: “El gobernador Scioli me encomendó la tarea de poner tras las rejas a estas bandas mafiosas”.

La iniciativa, como se dijo, contempla como delito la reventa de entradas. “Se plantea que a la comisión del delito puntual de reventa se le sume una pena menor a quien provee la entrada. Porque necesariamente debe haber un proveedor desde adentro de la institución que facilite las entradas. Y la pena será de 1 a 6 años”, subrayó Rodríguez.

El otro aspecto relevante del proyecto es que se tipifica como delito la connivencia dirigencial, política y gremial. “Cuando se compruebe connivencia, instigación o financiamiento de barras, a los acusados les cabrá la misma pena que al que produce el hecho”, anticipó el funcionario.

Finalmente Rodríguez indicó que “nadie quiere meter preso a un hincha de fútbol genuino, lo que enfrentamos es a la delincuencia organizada que se escuda en su condición de hinchas pero que en realidad son barras y viven de esa actividad delictiva”.

“Entendemos que más allá de comprender los tiempos legislativos, necesitamos que se trate con urgencia este tema en el Congreso para que se genere esta herramienta para la Justicia”, dijo, y acotó que “éste no es un tema electoralista: Scioli lo viene planteando desde hace dos años”.

El gobierno bonaerense afirma que existe “un vacío jurídico y legal vinculado con este delito y la necesidad imperiosa de darle a la Justicia una herramienta eficaz para combatirlo”. De ahí que esté impulsando en el Congreso una iniciativa que podría avanzar en los próximos meses, según se estima.