Intendentes y diputados K contra el tarifazo

Intendentes y legisladores bonaerenses del Frente para la Victoria endurecieron su rechazo al aumento de la tarifa eléctrica anunciado por el gobierno nacional. Y ayer, por cuerda separada, fueron a la Justicia en busca de frenar el incremento que en el caso de los usuarios del Gran Buenos Aires clientes de Edenor y Edesur, oscilará entre el 200 y el 700%.

El alcalde de Avellaneda, el ultra K Jorge Ferraresi, radicó el planteo en el Juzgado Federal 3 en lo Contencioso Administrativo, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal.

A ese presentación se sumó la realizada por varios legisladores provinciales del FpV, quienes se quejaron de que el anuncio oficial fue de “manera totalmente inconsulta, sin la realización de una audiencia pública previa que asegure al menos un elemental nivel de información y participación de los usuarios y las usuarias”

La demanda fue firmada por los legisladores Walter Abarca, Eva Ramírez, Valeria Amendolara, Andrés Quinteros, Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Liliana Pintos, Marcelo Feliú, Manuel Elías, Mauricio Barrientos, Alicia Sánchez y Ricardo Móccero.

Ferraresi sostuvo que la medida anunciada por el gobierno de Mauricio Macri es “improcedente, irrazonable y arbitraria”, y además advirtió que la situación se agrava “el aumento en el costo de las luminarias públicas que golpearía aún más el bolsillo de los ciudadanos”.

El amparo de los legisladores, en tanto, fue realizado ante el Juzgado Federal Nº 2 a cargo de Adolfo Gabino Ziulu.

En los fundamentos del escrito, indicaron que “estas resoluciones han sido sancionadas de una manera totalmente inconsulta, sin la realización de una audiencia pública previa que asegure al menos un elemental nivel de información y participación de los usuarios y las usuarias, que se verán afectados por la modificación de las tarifas eléctricas”

Los legisladores señalaron que la interposición legal fue efectuada “tras la concreción de un daño cierto que lesiona, restringe, altera y amenaza a los usuarios y consumidores del servicio de energía eléctrica del territorio bonaerense”.

Al mismo tiempo, en el recurso solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo de la Provincia tal como lo ha exhortado dicho organismo ante el ENRE y el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren.

En relación a la actividad económica, expresaron que “la medida es sumamente negativa para los sectores comerciales e industriales y los diversos actores de la economía social, los cuales padecerán incrementos alarmantes. Esta situación, provocaría un aumento directo en el costo de operación que se trasladaría a los precios, desencadenando una reducción de la demanda global, entre otros problemas”.

Cabe acotar que aún está pendiente la definición del aumento de tarifas para el resto de los bonaerenses abastecidos por Edelap, cooperativos y distribuidoras del Interior que sería anunciado en los próximos días por el gobierno de Vidal.