Piden que la Corte defina la suerte del juez electoral

La Cámara Nacional Electoral pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “se pronuncie” sobre la legalidad o no de que jueces subrogantes actúen en el fuero electoral de seis provincias, una de ellas Buenos Aires, y establezca “una solución definitiva” a ese problema “de gravedad institucional”.

El tribunal alertó que “los cuestionamientos que se han planteado frente a la designación como jueces subrogantes de secretarios judiciales y abogados de la matricula” en un año plagado de comicios podrían derivar en “graves consecuencias para la estabilidad y normal desarrollo del proceso electoral”.

La Cámara hizo hincapié “particularmente” en la situación del nombramiento como magistrado electoral de la provincia de Buenos Aires de Laureano Durán “a raíz de decisiones dispares de dos salas de la Cámara Federal de La Plata, acerca de la viabilidad de que un secretario se desempeñe como juez”.

Es que, en efecto, mientras la Sala III de la Cámara Federal declaró que el nombramiento de Durán es inconstitucional porque en su carácter de secretario “no reúne los requisitos para desempeñar su función”, la Sala I de la misma Cámara rechazó los planteos de quienes se oponían a la designación.

RECUSACION

Como viene informando este diario, distintos sectores judiciales y partidos de la oposición objetan que el Consejo de la Magistratura designara a Durán en reemplazo del fallecido titular del tribunal federal 1 con competencia electoral Manuel Humberto Blanco, por no ser juez sino secretario.

De hecho, el partido GEN que lidera Margarita Stolbizer, recusó a Durán a quien no le reconocen “calidad de juez”.

La Cámara Nacional Electoral expresó su preocupación por la situación bonaerense pero advirtió que casos similares aunque “con algunas diferencias” se registran “en los distritos de Catamarca, Formosa, La Pampa, Misiones y Salta”. Y avisó que las “controversias” surgidas al respecto “serán dilucidadas en distintas instancias judiciales, cuyo trámite procesal puede insumir meses, dilatando una decisión que proyecta efectos sobre el proceso electoral, afectando los principios de preclusión y estabilidad jurídica”.

Por todo ello, “los camaristas decidieron solicitar al más alto Tribunal de la Nación que se pronuncie sobre esta particular situación”, pues “no existe otra vía para darle solución definitiva”.