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Con apoyo de todos los bloques se aprobó un proyecto que pide celeridad en el jury contra Piombo y Sal Llargués
La Cámara de Diputados de la Provincia se convirtió ayer en escenario de un reclamo compartido por todos los sectores políticos para que se acelere el proceso de juicio político pedido contra los jueces de Casación bonaerense Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués que redujeron la pena de un condenado por violación de un menor de seis años argumentando que el niño tenía “una tendencia homosexual” y ya había sido víctima de abusos en su entorno familiar.`
El cuerpo aprobó por unanimidad en la sesión de ayer un proyecto de resolución firmado por todos los bloques por el que se expresa un “rechazo” contra la sentencia de los cuestionados magistrados. La iniciativa, que terminó de ser redactada con la sesión en curso, afirma también que el fallo de Piombo y Sal Llargués está “en clara violación a preceptos procesales, constitucionales y de la Convención Internacional de Derechos del Niño”.
Además, el proyecto también contiene un pedido para que se acelere la puesta en marcha del proceso de juicio político contra los magistrados cuestionados, a partir de los pedidos presentados en los últimos días ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia. Entre otros, impulsaron denuncias contra Piombo y Sal Llargués los senadores Cristina Fioramonti (FpV) y Jorge D’Onofrio (Frente Renovador) y los diputados Fernando Navarro (FpV) y Christian Castillo (Frente de Izquierda).
En ese marco, se pidió que los legisladores con título de abogados se abstengan de votar para luego no sufrir recusaciones si eventualmente deben integrar el jurado de un juicio político contra los magistrados.
Durante el debate, el titular de la bancada oficialista Fernando Navarro pidió reforzar los mecanismos de control “para frenar los fallos arbitrarios injusticos y disparatados”. Por su parte, Castillo calificó el fallo de Casación como “escandaloso, discriminatorio, homofóbico y machista” y pidió que existan los mecanismos constitucionales que permitan revocar la continuidad de los magistrados en sus cargos “cuando cometen este tipo de aberraciones jurídicas”.
En tanto, el diputado Juan Carlos Juárez (FAP) repudió la polémica sentencia y manifestó que sus fundamentos “no resisten el más mínimo análisis y que han conmocionado a la población”.
Por su parte, el presidente del bloque de diputados radicales, Jorge Silvestre, dijo: “estamos actuando acorde a una realidad que si bien fue potenciada por los medios de comunicación, fue producido por uno de los poderes del Estado”. “Celebro la celeridad de tratamiento y el pedido de jury de enjuiciamiento”, dijo Silvestre en el recinto y argumentó su postura diciendo que “este tipo de funcionarios deben ser extirpados”.
Finalmente, el diputado de Nuevo Encuentro Adrián Grana indicó que el fallo “no respeta las más mínimas normas de convivencia y desconoce todos los tratados internacionales suscriptos por la provincia.
En paralelo, estudiantes enrolados en la Federación Universitaria de La Plata (FULP) tomaron ayer el edificio del Rectorado de la UNLP para pedir que se separe “de inmediato” a Piombo y Sal Llargués.
Darío Estévez, presidente de la FULP, explicó que presentaron una nota ante el Consejo Superior en la que se plantea ese pedido contra los magistrados.
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