Preocupante seguidilla de amenazas de bomba contra escuelas de la Provincia

Hace dos semanas, cuando ya arreciaban las amenazas de bombas contra escuelas de la Provincia y las instituciones educativas debían evacuar sus instalaciones, algo que obligaba, además, a la actuación inmediata y combinada de los bomberos y la división explosivos de la Policía, se aludió en esta columna a la perplejidad que originan estos episodios que no sólo ponen en riesgo, por falsas que puedan ser esas amenazas, la seguridad de los alumnos y docentes, sino que implican un ataque al conjunto de la sociedad.

Ese cuadro de situación, lamentablemente, se agravó en las últimas jornadas con una verdadera seguidilla de amenazas, ya no sólo canalizadas -como ocurría al principio- a través del 911, sino mediante llamados directos a las sedes escolares.

Lo cierto es que desde principios del mes de septiembre pasado se recibieron algo más de 2.600 amenazas de bomba contra escuelas de la provincia de Buenos Aires. Con la salvedad de un solo caso en el que los policías intervinientes detectaron una granada, el resto de las advertencias se tradujo en llamadas falsas, muchas de ellas asociadas a actitudes de alumnos que buscaban suspender las clases y así evitar un eventual examen, aunque también se analizan en la actualidad presunciones que asignan a determinados grupos políticos la intención de crear climas negativos o confusos, en jornadas que son previas a la realización de elecciones de renovación legislativa.

Como se sabe son hasta ahora unas cincuenta las personas identificadas a las que se les imputa haber realizado amenazas a colegios, tal como se informó recientemente desde el ministerio de Seguridad bonaerense. Otro dato saliente relacionado a esta ola de amenazas es que se viene registrando, exclusivamente en la provincia de Buenos Aires y no en el resto de los distritos del país.

Es casi seguro que entre algunos alumnos pueda incidir el llamado “efecto contagio”, pero lo más desalentador es que fueron identificados también como autores algunos docentes e, inclusive, un concejal de un distrito perteneciente a la Cuarta Sección Electoral, que fue detenido como titular de un teléfono celular usado para realizar las llamadas intimidantes a varias escuelas. Sin embargo, con posterioridad pudo corroborarse que los autores habrían sido sus hijos menores de edad, en una situación que deja a la vista la responsabilidad -directa o indirecta- que también les concierne en esta delicada cuestión a los padres de los alumnos.

El único dato positivo que podría extraerse tiene que ver con la decisión adoptada en las últimas semanas, acaso con alguna demora, por las autoridades políticas, judiciales y policiales de la Provincia, destinada a enfrentar y prevenir la ola de amenazas. Se ha puesto ahora mayor esmero en advertir a la población acerca de que no se está frente a picardías, sino ante la comisión de un delito previsto en el Código Penal, el de intimidación pública, que prevé severas sanciones.

Lo cierto que hasta el momento pudo identificarse a menores sindicados como autores, imputándose también a varios padres por la comisión de ese delito, ya que los hijos son legalmente inimputables, sin perjuicio de las demandas civiles que, por daños y perjuicios, podrán iniciárseles. Como se sabe, los operativos policiales y de bomberos que se desarrollan por las amenaza de bomba le insumen al Estado un gasto de 40 mil pesos, por cada uno de ellos. En este caso, se hablaría entonces de una suma global cercana a los 105 millones de pesos.

Desde luego que las amenazas de bomba no constituyen un fenómeno que sólo afecta a la comunidad educativa. Al margen de que también obligan a mantener a los hospitales y centros de salud en alerta, son las familias y es la convivencia de toda la sociedad las que se encuentran involucradas, frente a episodios que siempre generan temores e incertidumbres.

Tampoco son nuevas las amenazas de bomba a las sedes escolares. Nuestra ciudad sufrió hace años este flagelo. Se trata de un fenómeno muy nocivo, promovido a veces por menores que no tienen cabal conciencia de lo que hacen o, por el contrario, por adultos que apuntan a otras finalidades.

No caben dudas de que -además de las medidas preventivas y eventualmente sancionatorias que deban impulsar la Justicia y las fuerzas de seguridad- es la generación de una fuerte conciencia social la que podrá disminuir y frenar esta lamentable modalidad.