Un asentamiento de Berisso encabeza un índice de vulnerabilidad territorial 

Tres asentamientos en Berisso, Tartagal y Rosario encabezan un índice de vulnerabilidad territorial presentado hoy por la organización regional Techo, que expuso su preocupación por la falta de políticas públicas para abordar la ausencia de servicios básicos en esos lugares y aseguró que en el período 2013-2016 no hubo mejoras en los más de dos mil barrios precarios que relevó en todo el país.

Para la confección de este documento se construyó un Índice de Vulnerabilidad Territorial (IVT) en el que se clasificó en una escala de 1 al 4 -media; media alta; alta y crítica- el grado de vulneración de derechos que existe en los distintos barrios.

A través de mesas de trabajo en localidades de once provincias, se realizó el relevamiento de 2.153 asentamientos, de los cuales Los Provincianos, en Berisso; Lapacho III, en Tartagal (Salta) y La Lagunita en Rosario (Santa Fe) fueron los que demostraron mayor grado de vulnerabilidad, por lo que ingresaron en la categoría "crítica", es decir que no cuentan con ninguno de los servicios básicos.

Asimismo, en el 53% de los barrios relevados no ingresan las ambulancias, se inundan cada vez que llueve y no cuentan con acceso a los servicios básicos, por lo que entraron en la categoría de vulnerabilidad 'alta', mientras las provincias con mayor incidencia de ese tipo de asentamientos son Corrientes, Santa Fe, Río Negro y Neuquén.

“Para poder llevar adelante políticas públicas respecto de esta problemática es necesario tener información, por lo que es fundamental este tipo de relevamientos”, sostuvo Virgilio Gregorini, director Ejecutivo de Techo, organización presente en América Latina y El Caribe, durante la presentación del documento que relevó datos del período 2013-2016.

En ese período "no hay cambios significativos en ninguna de las once variables del índice de vulnerabilidad. A su vez estamos convencidos que la problemática es abarcable y que los habitantes saben las prioridades y cómo resolverlas”, explicó.

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En este sentido, Gregorini señaló que para la construcción del IVT fueron los vecinos de cada barrio los que ponderaron las distintas variables (acceso a los servicios básicos, la cercanía geográfica a factores de riesgo como basurales o torres de alta tensión, el impacto de las inundaciones o el ingreso de los servicios de emergencias como bomberos o ambulancias), otorgándoles la prioridad que consideraban.

Otros factores que se tuvieron en cuenta a la hora de determinar el IVT fueron la titularidad de los terrenos; la cercanía a los centros de salud y a los establecimientos educativos; disponibilidad de alumbrado en las calles; disposición de servicios de recolección de residuos; acceso a calles asfaltadas y la cercanía a medios de transportes públicos.

“El desarrollo de este informe y la creación del IVT es un hecho histórico, muy importante ya que pone en cifras lo que venimos denunciando hace años: la situación en la que viven en los barrios populares”, sostuvo durante la presentación Agustín Burgos, miembro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Burgos añadió que "es el Estado quien debe garantizar los mínimos derechos a los vecinos de estos barrios, queremos que haya un compromiso de gestión por parte de los gobiernos, un compromiso a 10 o 20 años pero que resuelva los problemas estructurales que tengan estos asentamientos”.

Según el último informe realizado por Techo en 2016, el 93,81% de los 4.100 asentamientos informales censados, no tenían acceso a agua potable, y más del 98% no contaban con acceso a cloacas.

Techi define vulnerabilidad territorial como “la indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida como consecuencia del espacio o lugar donde viven”.